Diputados de varias fuerzas, entre los que se encontraban dos de extracción duhadista, junto a agrupaciones sindicales como la CTA y ATE, se oponen a la Ley de Responsabilidad Fiscal que ya tiene media sanción del Senado de la Nación y debe ahora tratarse en la Cámara baja.
Con la presencia de legisladores de la Unión Cívica Radical, el ARI, varios unibloques de centro izquierda y la llamativa asistencia de los dos diputados del PJ, los convocados dejaron abierto un espacio de discusión que ya tiene un plan de acción para los próximos días.
En principio, el grupo decidió solicitar al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, la postergación de la fecha del debate, prevista para el próximo 4 de agosto y encarar a la vez un nuevo debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La reunión que tuvo como propiciantes a los legisladores Claudio Lozano (CTA) y Mario Cafiero (Soberanía Popular), contó con la asistencia de los radicales, Margarita Stolbizer, Noel Breard, Leopoldo Moreau, como así también a Alicia Castro (Frente para el Cambio) y diputados socialistas. Entre los que concurrieron a la charla sorprendió la asistencia de los duhaldistas Marina Cassese y Daniel Basile, quienes a la vez integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La presencia de los justicialistas -aclarada reiteradamente que fue a título personal- llamó la atención y dejó en claro que en el seno del oficialismo las diferencias con respecto a esta ley son notorias.
El grupo coincidió en la necesidad de "instalar" el tema en la sociedad y para ello, acordó la convocatoria a una Audiencia Pública el próximo 28 de julio en el auditorio del Anexo de la Cámara baja para dar a conocer los aspectos centrales y las eventuales consecuencias de la aplicación de la ley. También, se resolvió elaborar una serie de afiches para dar a conocer los 5 puntos principales de la iniciativa enviada del Ejecutivo -que cuenta con media sanción del Senado- y que podría ser convertida en ley en la próxima sesión prevista para el 4 de agosto.
Sin embargo, el justicialismo necesitará para aprobar la ley tener sentados en sus bancas a todos los integrantes del bloque -son 129 diputados-, debido a que la norma cuenta con el rechazo de las bancadas opositoras y de los provinciales del Interbloque Federal, que anticiparon su decisión de no dar quórum para evitar el tratamiento de la ley en el recinto.
Se trata de una iniciativa del Ejecutivo que prevé normas de transparencia y de gestión pública y apunta básicamente a optimizar el manejo de las finanzas públicas a través de un mejor control del gasto y la creación de fondos anticíclicos.
Esta norma es considerada como una alternativa a la nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que discuten la Nación y las provincias, aunque sin llegar a un acuerdo.
