El Senado tiene previsto tratar en la primera semana de agosto dos de los diez proyectos enviados por el Poder Ejecutivo en el marco del Plan Integral de Seguridad: el que aumenta las penas por el delito de vaciamiento de empresas y el que fija nuevas condiciones para la eximición de prisión.
Los proyectos, que ya cuentan con dictamen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales y que serían puestos a consideración en la sesión del 4 de agosto, fueron anunciados el pasado 19 de abril por el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, al hacer público el Plan Integral de Seguridad del gobierno.
Parece claro, no obstante, que la suerte de las iniciativas estará atada a eventuales modificaciones a la luz de los cambios en el área: el reemplazo de Beliz y del secretario de Seguridad, Norberto Quantín y las consecuentes asunciones de sus relevos: Horacio Rosatti y Alberto Iribarne.
El primero de los proyectos modifica el artículo 301 del Código Penal al establecer una pena de 1 a 6 años de prisión para los gerentes, directores administrativos, síndicos o liquidadores que sean parte de este tipo de maniobras.
Antes, la pena era de seis meses a dos años de prisión, por lo que los castigos aumentan significativamente. En el caso de emisión ilegal de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a 8 años.
El segundo proyecto introduce modificaciones al artículo 319 del Código Procesal Penal, restringiendo la eximición de prisión y la excarcelación durante el proceso judicial.
Según el proyecto, los imputados deberán cumplir varios requisitos antes de solicitar al juez la excarcelación o la eximición de prisión.
Los imputados deberán probar que no tienen intenciones de fugarse ni entorpecer el juicio, una vez puestos en libertad, para lograr que los magistrados le concedan estos beneficios.
Por otra parte, el proyecto que establece nuevas competencias para los delitos menores vinculados con estupefacientes tiene dictamen de la comisión mencionada pero aún se encuentra en estudio en la de Seguridad Interior.
La iniciativa deriva las causas de tenencia simple de estupefacientes a los juzgados de provincia, apuntando con esto a aliviar el trabajo de los juzgados federales.
El cuarto proyecto entre los más avanzados, que establece un nuevo régimen de protección de testigos y arrepentidos a partir de la modificación del Código Penal, está pendiente de firma por parte de los integrantes de la comisión.
Esta norma extiende la figura del arrepentido a todos los delitos, ya que antes esta figura solo regía para los casos de secuestros extorsivos, terrorismo y narcotráfico.
La norma establece la creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a las personas "en situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal".
En tanto, otros proyectos incluidos en el Plan, como el que le da a los fiscales la posibilidad de aplicar la cuestión de oportunidad, el que aumenta las penas para la asociación ilícita, el que agiliza el procedimiento para los delitos cometidos 'in fraganti' y el que aumenta las penas para la violación de domicilio, comenzarán a ser estudiados esta semana por la Comisión de Asuntos Penales.
