El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, acudirá el martes a la Comisión de Asuntos Penales del Senado para fijar su posición sobre los proyectos de Seguridad más polémicos enviados al Congreso por su antecesor, Gustavo Beliz.
Si bien la Cámara alta tiene previsto tratar la próxima semana cuatro de las iniciativas remitidas por Beliz tras anunciar el Plan Estratégico de Seguridad y Justicia, los senadores necesitan conocer la opinión de Rosatti con respecto a los textos más polémicas. El que más resistencias generó fue el proyecto que impulsa la unificación de fueros en la Justicia nacional, que tiene como objetivo eliminar los juzgados federales, porque quedarían unificados junto al resto de los 49 juzgados de Instrucción y a los 8 del fuero Penal Económico.
El Gobierno aclaró que el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad lanzado durante la gestión del ex ministro Gustavo Beliz "sigue en marcha" y el gobierno espera la pronta aprobación de los proyectos de ley que se encuentran pendientes en el Congreso Nacional. Según adelantó el propio Rosatti, la intención de Ejecutivo es comunicar a los legisladores el interés en "lograr el rápido análisis de los distitos proyectos de ley" remitidos tras el lanzamiento del plan, el pasado 19 de abril.
El Gobierno intenta licuar el poder que, en la actualidad, recae en los doce juzgados federales. En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo los definió como aquellos que "absorben procesados de mayor trascendencia pública en razón de su naturaleza, complejidad y ámbito de desarrollo".
Voceros parlamentarios admitieron que, excepto un expreso pedido del nuevo ministro, el proyecto quedaría "cajoneado".
La iniciativa generó rechazos en el Parlamento antes de la renuncia de Beliz, por lo que los senadores decidieron realizar consultas entre diferentes especialistas que, finalmente, fueron suspendidas. Otra de las iniciativas polémicas es la que propone reducir la integración del Consejo de la Magistratura de 20 a 12 miembros, con la eliminación, entre otros, de los representantes políticos de las minorías parlamentarias, por lo que también recibió fuertes rechazos en el Congreso.
El tercero de los proyectos que quedó en análisis, a la espera de la opinión del nuevo ministro, es que el establece la instrumentación de los Juicios por Jurado.
Para desmentir las versiones de que el Plan de Seguridad no se aplicará, el Senado tratará la próxima semana cuatro de los seis proyectos iniciales remitidos al Congreso por el ex ministro Beliz.
Se trata de iniciativas tendientes a limitar las excarcelaciones, agilizar procedimientos judiciales en los delitos menores, aumentar las penas en el vaciamiento de empresas y ampliar el alcance de Plan de Protección a testigos.
El primero de los proyectos impulsa una modificación del artículo 319 del Código Procesal Penal para condicionar las excarcelaciones o eximiciones de prisión del imputado de un delito, previas al juicio oral.
Esto le da mayores elementos al juez para evitar la excarcelación, porque además define una serie de condiciones que el imputado debe cumplir para gozar de dicho beneficio.
El segundo de los proyectos está dirigido al vaciamiento de empresas, por el cual al modificar el artículo 301 del Código Penal, aumenta la penas de quienes dispongan, de manera ilegal y fraudulenta, los activos de una empresas.
La nueva pena será de 1 a 6 años, cuando antes era de seis meses a dos años de prisión.
El tercero de los proyectos está dirigido a simplificar el accionar de la Justicia en los delitos menores dado que se abre la posibilidad de transfomar en acción privada un delito de acción pública, y que la pena se sustituya por una reparación de carácter económico.
El último de los proyectos está destinado a incluir en el Programa de Protección a Testigos a los delitos de asociación ilícita, cuando en la actualidad sólo abarcan a testigos y cómplices de secuestros extorsivos, narcotráfico y terrorismo. Los encuadrados dentro del programa podrán beneficiarse con una reducción de la pena o incluso la eximición, cuando brinden información que permitan desbaratar la organización delictiva.
Los otros dos proyectos del conjunto inicial serán analizados el martes en comisión y serían tratados en quince días en el recinto.
El Ejecutivo remitió un paquete de once proyectos de ley, dos de los cuales ya fueron aprobados -nuevos controles en la venta de celulares como una iniciativa para prevenir secuestros y ley de abigeato-, y otros ya cuentan con media sanción o dictamen de las respectivas comisiones.
Otras dos iniciativas aprobadas habían sido enviadas con anterioridad al anuncio del plan del gobierno: se trata de dos modificaciones al Código Penal que incrementan penas en los delitos con armas de fuego y por tenencia y portación de armamento.
El justicialismo, el radicalismo y los partidos provinciales acordaron esta semana debatir los próximos días en el Senado otro conjunto de iniciativas que forman parte del plan integral impulsado por el gobierno nacional.
El presidente del bloque de senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, adelantó esta semana que otros iniciativas que forman parte del plan, como la reforma judicial y el juicio por jurados serán analizadas con el ministro Rosatti seguramente el martes cuando concurra a la Cámara.
El Gobierno envió en su momento un total de once proyectos de ley incluidos en el Plan Integral de Justicia y Seguridad, dos de los cuales fueron aprobados, en tanto que los otros cuentan con media sanción o dictamen de las respectivas comisiones.
El siguiente es el detalle de las iniciativas y en qué estado se encuentran:
– Nuevos controles en la venta de celulares como una iniciativa para prevenir secuestros: aprobada
– Ley de abigeato: aprobada
– Ley de creación de fiscalías barriales: aprobado en ambas cámaras, y en segunda revisión a estudio de diputados.
– Unificación de fueros: en estudio en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, es resistido por la justicia y legisladores.
– Implementación del juicio por jurados: en estudio en Asuntos Constitucionales del Senado. Se hizo un seminario para analizar su implementación.
– Modificaciones al Consejo de la Magistratura: en estudio en Asuntos Constitucionales del Senado. Los legisdladores lo resisten porque disminuye la participación de éstos en el organismo.
– Derivación a los juzgados provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires las causas vinculadas a delitos menores relacionados con drogas: tiene dictamen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y falta de Seguridad Interior.
– Procedimiento de delito de acción publica, criterio de oportunidad: en estudio en la comisión de Justicia y Asuntos Penales.
– Creación de un programa nacional de protección de testigos: tiene dictamen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales.
– Asociación ilícita: en estudio en comisión de Justicia y Asuntos Penales.
– Eximición de prisión: tiene dictamen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales.
– Vaciamiento de empresas: tiene dictamen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Otras dos iniciativas aprobadas habían sido enviadas con anterioridad al anuncio del plan del gobierno: se trata de dos modificaciones al Código Penal que incrementan penas en los delitos con armas de fuego y tenencia y portación de armamento.
Aún no fueron enviadas al Congreso la ley de creación de la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior, y el nuevo régimen de imputabilidad de los menores, entre otros contemplados en el plan integral.
