El ministro destacó, además, que "las políticas sobre seguridad son cuestiones de Estado que exceden al mandato de un funcionario", al dejar en claro que el Poder Ejecutivo avanzará en el Plan Estratégico de Seguridad que diseñó Gustavo Beliz cuando era ministro del área.

Rosatti se comprometió a buscar un diálogo fluido con el Legislativo para consensuar los temas que deben ser "políticas de Estado" y respaldó la sanción de los cuatro proyectos que el Senado tiene previsto discutir hoy, porque son iniciativas "complementarias de otras que ayudarán a combatir la delincuencia".

Los dictámenes que se discutirán hoy imponen penas por el vaciamiento de empresas, establece límites para la eximición de prisión, amplía a otros delitos el sistema de protección de testigos -se usa para narcotráfico y para secuestros- y modifica el régimen de procedimiento.

En su primera visita al Congreso, Rosatti reafirmó que su política se basará en el diálogo que no solo comprenderá a los parlamentarios sino también a los jueces y, en este contexto, anunció que la próxima semana se reunirá con los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

"Para el gobierno los proyectos de seguridad constituyen una política de Estado y por eso nosotros creemos que se deben aprobar con el mayor consenso", manifestó el ministro al exponer en un concurrido plenario de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el radical Jorge Agúndez.

Antes de asistir a las comisiones, Rosatti se reunió con la conducción del bloque justicialista que encabeza Miguel Angel Pichetto y luego se trasladó hasta el bloque de la UCR, para mantener un encuentro con legisladores radicales. "No hay nada más importante que establecer canales de diálogo" repitió en varias oportunidades el ministro, para insistir en que conversará con todos los sectores políticos antes de enviar iniciativas al parlamento.

También el ministro de mostró a favor de avanzar con el proyecto que pone en marcha el juicio por jurados, una iniciativa que ya está en el Congreso y que permitirá a ciudadanos comunes participar de juicios vinculados con delitos de corrupción, entre otros.

"El soporte económico hay que buscarlo para que las buenas ideas se plasmen", señaló, aunque aclaró que los juicios populares se deben poner en práctica "en forma gradual".

Los proyectos incluidos en el acta de labor parlamentaria son: una ley que aumenta las penas para el delito de "vaciamiento de empresas" y un proyecto que modifica el establecimiento de criterios de oportunidad, un cambio que permitirá agilizar la transformación de los delitos de acción pública en delitos de acción privada. Además, el cuerpo tiene previsto discutir una iniciativa que extiende la figura del "arrepentido" a todos los delitos (hoy sólo esta contemplada para los secuestros extorsivos y los delitos vinculados al narcotráfico) y una norma que restringe la eximición de prisión y la excarcelación durante el proceso judicial.