El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados cuatro proyectos sobre seguridad incluidos en el Plan Estratégico para el área que lanzó el Gobierno el 19 de abril pasado, con el objetivo de reducir los índices delictivos.
Las normas aprobadas, por amplia mayoría, fueron un aumento de las penas para el delito de vaciamiento de empresas, una extensión del programa de protección de testigos e imputados, un proyecto que restringe la eximición de prisión y una propuesta para aumentar el poder de los fiscales, al modificar los criterios de oportunidad.
Tras un debate de tres horas los senadores lograron la aprobación de los primeros cuatro de los nueve proyectos enviados en el mes de mayo por el gobierno nacional.
El primero de los proyectos, aprobado por unanimidad con 51 votos, modifica el artículo 301 del Código Penal estableciendo una pena de 1 a 6 años de prisión para los gerentes, directores administrativos, síndicos o liquidadores que sean parte de este tipo de maniobras. Antes, la pena era de seis meses a dos años de prisión, por lo que los castigos aumentan significativamente. En el caso de emisión ilegal de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a 8 años.
El segundo proyecto, que fue aprobado por 53 votos afirmativos contra 2 negativos, introduce modificaciones al artículo 319 del Código Procesal Penal, restringiendo la eximición de prisión y la excarcelación durante el proceso judicial. Según el proyecto, los imputados deberán cumplir varios requisitos antes de solicitar al juez la excarcelación o la eximición de prisión.
Los imputados deberán probar que no tiene intenciones de fugarse ni entorpecer el juicio, una vez puestos en libertad, para lograr que los magistrados le concedan estos beneficios.
El proyecto que establece un nuevo régimen de protección de testigos y arrepentidos a partir de la modificación del Código Penal fue aprobado por 52 a 4. Esta norma extiende la figura del arrepentido a todos los delitos, ya que antes esta figura solo regía para los casos de secuestros extorsivos, terrorismo y narcotráfico. La norma establece la "creación del programa nacional de protección a testigos e imputados, destinado a las personas en situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal".
El restante proyecto, que le da a los fiscales la posibilidad de aplicar la cuestión de oportunidad, fue el más resistido, aunque igualmente obtuvo un amplio margen favorable en la votación: 49 a 7. Esta iniciativa permite a los jueces y fiscales, con el consentimiento del damnificado, convertir el delito de acción pública en privada.
Al explicar los proyectos, el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el radical Jorge Agúndez y el titular de la bancada peronista, Miguel Pichetto, destacaron la necesidad de que los estados provinciales apliquen las leyes que se aprueban en el Congreso.
