La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Responsabilidad Fiscal, que pone límites al endeudamiento y gastos de las provincias, y que generó un arduo debate de más de ocho horas en el cuerpo legislativo.
El oficialismo impuso su mayoría en la votación en general, al lograr 139 votos a favor contra 86 de la oposición y 3 abstenciones, entre las que se destacó la de la justicialista bonaerense Marina Cassese.
En el análisis en particular de los 36 artículos de la norma no hubo modificaciones, por lo cual el oficialismo logró sacar adelante la ley tal cual la había votado el Senado el pasado 7 de julio.
De todas formas, en esa segunda parte del debate hubo dos momentos polémicos cuando, a partir del artículo 9, se dejó de votar por capítulo y se decidió avanzar por artículo.
En este proceso de casi dos horas -la sesión concluyó a las 3:50 de la madrugada-, fue llamativa la cantidad de legisladores presentes, al totalizar 230 diputados, una cifra inusual en la Cámara.
El PJ logró, una hora después de lo previsto, reunir 130 legisladores por lo cual ganó la primera batalla de la larga jornada, al conseguir habilitar un tema que la oposición no apoyaba y que forma parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Con la ayuda de cuatro diputados del Frepaso, dos del bloque transversal Convergencia de Miguel Bonasso, tres del bloque Federal, los ucedeístas de Córdoba y cuatro representantes del pattismo, el PJ sumó las bancas necesarias para avanzar en el debate.
La ley, que busca ordenar las finanzas de las provincias y poner un tope a sus endeudamientos, fue apoyada por el mayoritario bloque justicialista y rechazada por la bancada radical, los partidos provinciales, el ARI, el socialismo, y los bloques de centro-izquierda.
El proyecto contempla un tope del 15 por ciento de los gastos corrientes, que no podrán superar las provincias al momento de endeudarse.
Esto hará que al menos once provincias incumplan automáticamente la norma, que comenzara a regir a partir de enero de 2005, entre las cuales se encuentran Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Catamarca, Misiones y Corrientes.
Además del cepo al endeudamiento, la ley establece un límite al gasto público de las provincias, que estará atado al crecimiento del PBI nacional.
Según la iniciativa, las provincias no podrán aumentar el gasto por sobre el incremento del PBI, estimado para el año que viene en un 6 por ciento por el Ministerio de Economía.
Sin embargo, el texto no incluye sanciones directas a los gobernadores o funcionarios, como existe en la ley vigente en Brasil, por lo cual el organismo de crédito internacional consideraría que no cumple los requisitos deseados.
Esta ley sólo incluye sanciones económicas para las provincias que no cumplan las metas fijadas, y la oposición considera que funcionará como "un corset para cualquier tipo de crecimiento futuro".
La larga jornada empezó con multitudinarias manifestaciones que se concretaron a partir del mediodía en los alrededores del Congreso Nacional, por un lado con las agrupaciones piqueteras Corriente Clasista y Combativa y el MTD Aníbal Verón y luego con la CTA, que rechazaron la sanción de la norma.
En esos actos estuvieron presentes varios legisladores opositores que desde hace dos semanas encabezan el Foro que se propuso boicotear el proyecto, y que encabezan Claudio Lozano (CTA) y Mario Cafiero (Soberanía Popular).
Desde temprano, el oficialismo corrió por los pasillos del anexo juntando sus fuerzas y con calculadora en mano consiguieron contrarreloj sentar en el recinto 130 diputados, uno más del necesario, aunque desde las filas de PJ sufrió algunas bajas como el caso de los diputados Marina Cassese y Daniel Basile, que llegaron más tarde.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Snopek, defendió el proyecto al sostener que "es mentira" que esta norma "limite el esfuerzo de las provincias" y que tampoco "limita el gasto".
"Este proyecto sí da una imagen de seriedad y nos somete al rol de defender en los hechos lo que nos comprometemos a cumplir: ser coherentes. Además, crea reglas claras y transparentes a la función pública de las provincias", afirmó Snopek.
Por su parte, el defensor del dictamen de la minoría, Claudio Lozano, cuestionó los argumentos del miembro informante del PJ, al indicar que esta norma "se gestó de urgencia y de apuro para favorecer la negociación con el FMI y no pone el centro del debate en los problemas a resolver que reclama la sociedad".
"La ley permite maximizar el superávit para destinarlo al pago de la deuda y lo mejor que puede hacerse es llamarla ley de 'convertibilidad fiscal'", dijo en una posición muy crítica el legislador de centro-izquierda.
Desde el radicalismo también surgieron voces condenatorias, como la del ex gobernador de Mendoza Roberto Iglesias, quien evaluó que con esta iniciativa se propone que las provincias deban concurrir al Ministerio de Economía a "negociar sus deudas".
"Se acabó el federalismo, la concentración de poderes estará con esta ley en su mayor exposición con todos los gobernadores perdiendo su independencia y acotando todo en una decisión de un ministro", dijo Iglesias.
En ese contexto, el correntino Noel Breard también aportó desde el radicalismo su queja, al imponer la idea de que "el FMI quiere esta ley porque ya no le alcanza el 3 por ciento del PBI que establece el acuerdo, quiere más".
En este debate, el oficialismo estuvo más solo que nunca, al tener que imponer la fuerza del número de su bancada y tener en contra a aliados tradicionales como los partidos provinciales y bloques de centro-derecha que en su mayoría estaban en la oposición.
Los puntos centrales del proyecto que fue sancionado por el Senado y que hoy busca convertir en ley la Cámara de Diputados son los siguientes:
– La tasa de incremento del gasto provincial y nacional no podrá superar la tasa de aumento nominal del Producto Bruto Interno
– El Poder Ejecutivo Nacional o provinciales sólo podrán aprobar mayores gastos siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención.
– Los gobiernos deberán tomar medidas para que el nivel de endeudamiento no supere el 15 por ciento de los recursos corrientes netos.
– Aquellas jurisdicciones que superen el nivel de endeudamiento no podrán acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que constituya un nuevo refinanciamiento del mismo.
– Dispone la creación del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como Organo de Aplicación del Régimen propuesto que estará integrado por ministros de Economía y Hacienda de los gobiernos nacional, provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– El reglamento de ese consejo se aprobará con los dos tercios de sus participantes y el voto favorable de al menos siete jurisdicciones.
– El gobierno presentará anualmente antes del 31 de agosto el marco macrofiscal proyectado para el siguiente ejercicio para que las provincias cuenten con la información para elaborar sus propias proyecciones.
– El proyecto prevé aplicar sanciones económicas a los distritos que incumplan con las normas de la ley.
Las penalidades que pueden tener cada jurisdicción serán, entre otras, restricciones al derecho de voto en el consejo y en el otorgamiento de beneficios impositivos.
– Se prevé la constitución de fondos anticíclicos para mejorar el cumplimiento de la ley.
– Se establece que el Gobierno nacional reducirá el porcentaje de la deuda pública nacional resultante de las operaciones de mercado respecto al PBI, una vez finalizado el proceso de reestructuración de su deuda pública.
– El régimen entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2005.
