En una acelerado trámite, y sin discursos de fondo, el proyecto fue tratado sobre tablas y girado de inmediato para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Esta será la tercera prórroga que se realizará, debido a que aún no se completo el digesto legislativo que permitirá saber el contenido de cada una de las normas en cuestión.

Según un estudio del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, la iniciativa prorroga la vigencia de 1.900 leyes relacionadas a la administración del Estado que se fueron acumulando durante casi 150 años de vida institucional del país.

El manejo de la deuda externa y la Aduana, la política arancelaria e impositiva, la administración de las universidades nacionales y la organización de los servicios públicos, son algunas de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo desde 1853 hasta la reforma constitucional de 1994. En este sentido, si el Congreso no prorroga y además ratifica, antes del 24 de agosto lo actuado por el Poder Ejecutivo el andamiaje jurídico del país quedará en la cuerda floja, ya que podría ser cuestionado por una eventual inconstitucionalidad.

La nueva Constitución estableció en la cláusula transitoria octava que en cinco años los legisladores deberían convalidar las normas que surgieran del digesto; pero hasta ahora se sucedieron dos prórrogas (1999 y 2002) sin que se analizara la cuestión de fondo. En caso de que no se apruebe la prórroga se daría una condición de inseguridad jurídica debido a que algunas situaciones jurídicas podrían perder su sustento legal.

La delegación delegada permite, entre otras cosas, la creación de entes autárquicos, como correos, bancos oficiales, entes impositivos, aduaneros y educativos; así también como la legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Congreso.

También prevé la organización y gobierno de las Fuerzas Armadas y la organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los ministerios.