Es ley la prórroga de poderes delegados

La Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley una prórroga de dos años para las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo antes de la reforma constitucional de 1994, una norma que evita poner en peligro la constitucionalidad de casi 2.000 leyes.

La iniciativa había sido votada a primera hora de la tarde de ayer con amplia mayoría en el Senado y posteriormente en un rápido trámite, fue aprobada con la misma tendencia en la Cámara de Diputados, que la convirtió en ley durante la madrugada de hoy.

En el Senado, tuvo el apoyo del bloque justicialista, de la UCR y del Interbloque Federal, y fue aprobada por 50 votos a favor y dos en contra, del radical independiente Rodolfo Terragno y del socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe). En la Cámara baja, el oficialismo logró aprobar en general la norma por 156 votos contra 23 en contra y dos abstenciones, tras un debate en el cual los bloques mayoritarios apoyaron la prórroga.

Sin embargo, tanto el ARI, como el radicalismo y el Interbloque Federal intentaron agregar una modificación que permitiese crear la comisión bicameral de revisión de cada una de las facultades con dictamen de comisión, iniciativa que en particular fue desechada.

Un dictamen presentado por la radical Margarita Stolbizer con la misma y única iniciativa fue acompañado por la mayoría de los diputados y ahora fue girado al Senado. Según un trabajo del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, la iniciativa prorroga la vigencia de 1.900 leyes relacionadas con la administración del Estado que se fueron acumulando durante casi 150 años de vida institucional del país.

El manejo de la deuda externa y la Aduana, la política arancelaria e impositiva, la administración de las universidades nacionales y la organización de los servicios públicos, son algunas de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo desde 1853 hasta la reforma constitucional de 1994.

En este sentido, si el Congreso no prorroga y además ratifica, antes del 24 de agosto, lo actuado por el Poder Ejecutivo el andamiaje jurídico del país quedará en la cuerda floja, ya que podría ser cuestionado por una eventual inconstitucionalidad.

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