Economía rechaza proyecto sobre pago a ex agentes de YPF

El Ministerio de Economía rechazó un proyecto de ley de un legislador santacruceño por el radicalismo que permitiría a los ex empleados de YPF tomar "a cuenta" los pagos del Programa de Propiedad Participada (PPP) y seguir reclamando ante la Justicia una mejora.

"Eso es seguir abriendo causas que ya tendrían que haberse cerrado hace tiempo. Economía está haciendo un gran esfuerzo para ir reduciendo el endeudamiento, pagar lo que se debe a proveedores y otras deudas dejadas por Gobiernos anteriores, y esto lo único que hace es mantener vivo un reclamo que se está cerrando por vía de un acuerdo entre las partes", dijo un funcionario del Palacio de Hacienda.

Se trata del proyecto del senador radical por Santa Cruz, Carlos Prades, presentado el pasado 15 de julio, que propone modificar la ley 25.471 de Propiedad Participada para considerar el pago a los ex agentes de YPF como "a cuenta" de eventuales mejoras y permitir la continuidad de las acciones judiciales contra el Estado.

En su artículo 1, el proyecto señala que "la percepción de la indemnización prevista será considerada como 'pago a cuenta'" y que los beneficiarios "quedan facultados para continuar las acciones judiciales oportunamente promovidas y para iniciar otras nuevas".

Acerca del proyecto, la fuente de la cartera económica mostró cierta extrañeza, y recordó que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, "estuvo reunido dos veces con los senadores en la última semana y ninguno le hizo mención de este tema".

Por otra parte, fuentes parlamentarias manifestaron su sorpresa por el hecho de que los fundamentos del proyecto de Prades incluyen una copia casi textual de gran parte de los considerandos de un proyecto de comunicación aprobado por la Cámara alta el pasado 19 de mayo. Esta iniciativa, presentada en marzo por el presidente provisional del Senado, el legislador justicialista por Chubut Marcelo Guinle, solicita al Ejecutivo que instruya al Procurador General del Tesoro a analizar lo actuado por los funcionarios responsables del Programa de Propiedad Participada de YPF entre 1993 y 1996.

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