Diputados del oficialismo y la oposición acordaron avanzar en la sanción de un proyecto que limita la posibilidad de litigar ante la Corte Suprema, para que ese tribunal vuelva a ocuparse centralmente de ser intérprete de la Constitución Nacional.
El objetivo de esta iniciativa es evitar que se puedan seguir presentando recursos ordinarios ante la Corte Suprema, lo que ha permitido que el tribunal deba analizar 14 mil demandas como sucedió en el 2001, lo cual desvirtúa su función y lo convierte en un tribunal de Alzada. Para los legisladores, esta reforma es crucial para poder agilizar la tarea de la Corte Suprema, luego de la renovación que se produjo con las renuncias de Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, y la destitución de Eduardo Moline O'Connor, quienes han integrado la denominada "mayoría automática".
La derogación de competencias de la Corte Suprema que adquirió en los últimos años también obligará a reducir sustancialmente su personal, ya que se nombró una cantidad significativo de secretarios letrados, lo que implicó que el tribunal tuvo que acaparar casi el 30 por ciento del presupuesto del Poder Judicial.
La idea de sancionar una ley para limitar la competencia de la Corte surgió a partir de un proyecto presentado por la diputada del ARI Marcela Rodríguez el pasado 2 de agosto, que ya cosechó el respaldo del justicialismo y del radicalismo en la Comisión de Justicia. En ese sentido, la diputada Rodríguez señaló que hay un fuerte apoyo de las entidades de derecho de reducir la jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema a raíz de la "enorme cantidad de causas que se tramitan ante dicho tribunal" lo cual "redunda en un mal funcionamiento y en una escasa capacidad de decisión sobre temas de trascendencia institucional, propios de su específica jurisdicción constitucional".
El justicialista Gerardo Conte Grand aseguró que hay "un consenso unánime en la comisión de Justicia para que la Corte Suprema no puede seguir atendiendo la cantidad de causas por medio de la presentación de recursos ordinarios" como sucedió en los 10 años últimos.
Por su lado, el vicepresidente de la Comisión de Justicia, el radical Pascual Cappelleri, dijo que "se deben derogar las competencias de la Corte Suprema para litigar en recursos ordinarios porque no puede ser que se haya convertido en un tribunal de alzada".