Si bien el proyecto podría ser llevado al recinto en noviembre, no quedaría convertido en ley, ya que el Senado le haría modificaciones al texto votado por la Cámara de Diputados, lo que retrasaría su sanción al menos un año, según estiman en el Congreso.

Esas resoluciones fueron anunciadas al cabo de una reunión informativa en la que participaron el constitucionalista Daniel Sabsay y el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, Roberto Saba. Tanto Sabsay como Saba defendieron la propuesta -que permitirá a cualquier ciudadano monitorear y controlar la gestión pública de los tres poderes del Estado- aunque reclamaron que la misma esté "visible" para facilitar su obtención.

En este sentido, Sabsay recomendó que "determinada información" no esté en un formato técnico, sino que también "haya un resumen ejecutivo para que todos los ciudadanos lo comprendan".

Sabsay concurrió al Senado en nombre de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y calificó la ley de "indispensable" para "consolidar un Estado de derecho moderno" y remarcó que el acceso a la información pública "es un derecho consagrado en la Constitución".

El constitucionalista remarcó, además, que los únicos organismos que deberían estar exceptuados de la ley son los de "defensa y seguridad", aunque solo por un periodo de tiempo "limitado".

Siguiendo la ronda de consultas que organizó la Comisión -en conjunto con las comisiones de Defensa, Asuntos Administrativos y Medios de Comunicación- la Cámara alta recibirá la semana próxima a representantes de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) y a Daniel Santoro, del Foro de Periodistas Argentinos.

Para el 28 de septiembre, la Comisión convocó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como paso previo a emitir el dictamen correspondiente, previsto para mediados de octubre.

La ronda de visitas se cerrará el 5 de octubre con la asistencia del Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino.

La intención de los senadores es emitir un dictamen único en la segunda quincena de octubre y aprobar el proyecto en el recinto antes del 30 de noviembre.

La propuesta permitirá a cualquier ciudadano acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente al sector público nacional, del Poder Legislativo, de la Auditoría General, de la Defensoría del Pueblo y de entes autárquicos.

Actualmente, el único poder del Estado que tiene reglamentado este derecho es el Poder Ejecutivo por el decreto 1172, firmado el 3 de diciembre de 2003 el presidente Néstor Kirchner.