La Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) respaldó en el Senado el proyecto de acceso a la información, una norma que permitirá a cualquier ciudadano monitorear y controlar la gestión pública de los tres poderes del Estado.
El proyecto que analiza un plenario de cuatro comisiones cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y en caso de que no se apruebe en el Senado perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.
El secretario de la asociación, Fernando Cuello, transmitió el "beneplácito" de los diarios del interior del país por el tratamiento de la iniciativa, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Cristina Fernández de Kirchner.
Cuello, sin embargo, advirtió que la prensa "tiene recelo de la regulación del acceso a la información" porque, aseguró, "la regulación, en algunos casos, restringe" el acceso que en teoría se pretende facilitar.
Además de ADIRA opinó sobre el proyecto el periodista Daniel Santoro, en representación del Foro de Periodistas Argentinos.
"La ley no es la panacea, pero va a ser un primer paso para avanzar sobre el sistema del secreto que todavía resiste en algunas dependencias del Estado", opinó el periodista, al apoyar la norma que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
En nombre del Foro de Periodistas, el periodista de Clarín Daniel Santoro señalo que "hay que terminar con esta costumbre que tienen algunos funcionarios públicos y legisladores de creer que los documentos públicos son de su propiedad".
El proyecto obliga a los organismos del Estado y a las empresas privadas que sean concesionarias de servicios públicos o que estén recibiendo subsidios estatales a brindar información que soliciten los ciudadanos.
Siguiendo la ronda de consultas que organizó la Comisión -en conjunto con las comisiones de Defensa, Asuntos Administrativos y Medios de Comunicación-, la Cámara Alta recibirá el 28 de septiembre a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), como paso previo a emitir el dictamen correspondiente, previsto para mediados de octubre.
Actualmente, el único poder del Estado que tiene reglamentado este derecho es el Ejecutivo, por el decreto 1172 firmado el 3 de diciembre de 2003 por el presidente Néstor Kirchner.