El subrayado con lápiz rojo que realizaron los legisladores sobre los artículos ocho, diez y fundamentalmente el once de la Ley de Recursos 2005, se fundamenta en la "incompatibilidad" entre las leyes que obligan a un control estricto de los gastos a las provincias y el otorgamiento de facultades extraordinarias a la Nación.

Según las voces críticas al proyecto, la ley 24.156 de Administración Financiera y la 25.915 De Responsabilidad Fiscal, votada recientemente, contradicen la normativa para que el jefe de gabinete tenga "amplio manejo discrecional" sobre los excedentes presupuestarios.

Los artículos que conforman el capítulo II del texto enviado por el ministerio de Economía plantean una total libertad para que el jefe de Gabinete realice "ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias". Esta última parte, conforma el polémico artículo 11, el cuál habilita con amplios poderes al jefe de Gabinete para la redistribución de las partidas y además deja abierta una puerta para delegar las facultades conferidas por la ley hacía otros sectores del Gobierno.

La parte inicial del artículo dice que se "Faculta al jefe de Gabinete de ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley, sin sujeción a los artículos 37 de la Ley N§ 24.156 y 15 de la Ley N§ 25.917".

Luego agrega, para mayor polémica: "Asimismo, déjase establecido que el jefe de Gabinete podrá delegar las facultades conferidas por el presente artículo, en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios".

Esta competencia que volvería a tener el ministro Alberto Fernández le permitiría cambiar de destino, sin otro control que las del Poder Ejecutivo, las erogaciones previstas para proyectos de inversión, como obras públicas, y actuar directamente sobre los excedentes de la recaudación.

En estos casos no se hablan de números menores, concretamente oscilaría en partidas que representan el 11 por ciento del Presupuesto 2005 y que los líderes de la oposición de la Cámara baja prevén se podría utilizar con fines políticos en un año de elecciones legislativas. Además, si bien el Presupuesto 2005 mantiene la suspensión del Fondo Anticíclico Fiscal, el jefe de Gabinete podrá ejercer su derecho de facultades en "caso de necesidad de financiamiento global de la Administración Nacional" y podrá destinar al PEN "el excedente financiero no aplicado".

Esto implica que, en un texto naturalmente confuso, que si bien no se realizará un ahorro fiscal para épocas de mayor necesidad financiera del Estado, se habilitaría una luz para que el presidente tenga una 'caja de reserva' con fines de acciones políticas.

Desde la bancada radical, el ARI y del Interbloque Federal, tres de las fuerzas de oposición mas fuertes de la cámara baja, se sostuvo que "las facultades delegadas choca directamente con la Ley de Responsabilidad fiscal".

"El gobierno se propone dejar sin efecto las mismas limitaciones que impulso por ley hace pocos meses al dejar sin considerar el artículo 15 de la Responsabilidad Fiscal que impide al Ejecutivo ampliar el presupuesto si no tiene recursos o hacer modificaciones que desvíen los gastos estipulados", señaló el titular del bloque Radical, Horacio Pernasetti.

"Es inaceptable", afirmó Pernasetti, para luego remarcar que "si se repite un artículo como el 13 del actual -Presupuesto 2004- que faculta al Jefe de Gabinete a hacer lo que quiere, nos vamos a oponer". El legislador catamarqueño esas facultades le corresponden al Parlamento y que delegar esas funciones a un funcionario convierten al Presupuesto "en una cuestión virtual".