Diputados nacionales y ex trabajadores de la Farmacia Franco-Inglesa criticaron duramente la decisión del juez Ernesto Botto por ordenar el viernes último el desalojo del edificio ocupado y adelantaron que lo denunciarán próximamente ante el Consejo de la Magistratura.
En conferencia de prensa ofrecida en la Sala José Luis Cabezas del Congreso Nacional, los ex empleados y diputados nacionales encabezados por Francisco Gutiérrez (Polo Social), adelantaron que realizarán una presentación contra el juez ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño" de sus funciones.
El ex personal de la empresa se había hecho cargo de la administración de la farmacia en defensa de las fuentes de trabajo, luego que la firma ingresó en concurso de acreedores y dejó de abonar los salarios y de cumplir con otras obligaciones. Sin embargo, la semana anterior Botto ordenó a los efectivos policiales de la Guardia de Infantería el desalojo del edificio del microcentro porteño, donde permanecían 52 ex empleados.
Luego comenzaron arduas e infructuosas gestiones por parte de distintos legisladores nacionales y sindicalistas de la Asociación Empleados de Farmacia (AEF) para intentar detener la acción policial, aunque la ausencia de respuestas del juez en lo penal al reclamo de postergación de la medida hizo estériles los esfuerzos.
Gutiérrez cuestionó la decisión de Botto, la rechazó y la calificó como "antojadiza", a la vez que el juez inició una acción penal contra el diputado nacional por instigar a "la violencia a los ex trabajadores e interrumpir el accionar de la justicia".
En la rueda de prensa participaron también integrantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), ex trabajadores de la empresa y gremialistas, quienes rechazaron el desalojo del edificio y denunciaron que al menos tres personas resultaron heridas por el violento accionar de la policía.
"Botto no sólo se ensañó con los trabajadores sino que inexplicablemente lleva adelante una causa penal contra Gutiérrez y el legislador Diego Kravetz, quienes junto a los diputados porteños Ana Suppa, Milcíades Peña, Fernando Cantero, Claudio Ferrero, Roy Cortina y Rubén Devoto; funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y del gobierno de la ciudad y el MNER sólo respaldaron los reclamos de los ex empleados", se indicó.
