Un proyecto que el justicialismo intentará hacer avanzar la semana entrante establece que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) mantienen validez mientras no exista un rechazo explícito del Congreso.
De esta manera, el oficialismo se inclina por la teoría de que el silencio convalida una norma dictada por el gobierno, algo que es resistido por la mayoría de los bloques opositores, para quienes es exactamente al revés: si no hay un pronunciamiento esa norma cae automáticamente.
La cuestión es una de las asignaturas pendientes de la Reforma Constitucional de 1994, que estableció que los DNU debían ser objeto de una reglamentación especial, algo que no se pudo concretar desde entonces dadas las diferencias profundas que existen sobre el tema.
El bloque de diputados del PJ buscará avanzar este miércoles con un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
La posición del PJ abrirá, según se descuenta, un fuerte debate con el radicalismo y los partidos de centroizquierda, lo que obligaría al oficialismo a acordar con las agrupaciones provinciales para conseguir la mayoría especial de dos tercios necesarios para aprobar esta ley. De hecho, el Parlamento no pudo avanzar en diez años en esta espinosa cuestión por las discrepancias que existen sobre cual es el status jurídico que tienen esas normas dictadas ante la falta de un pronunciamiento del Congreso.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el justicialista Juan Manuel Urtubey, confirmó que el miércoles presentará un predictamen y dijo que su propuesta "respeta claramente la Constitución Nacional" que "no acepta ninguna sanción ni rechazo de hecho".
Urtubey sostuvo que "el silencio es silencio y nada más que eso" y aseguró que "si hacemos otra interpretación, el control puede caer en manos de una minoría".
El inciso 3 del artículo 99 de la Constitución habilita al Poder Ejecutivo en circunstancias excepcionales a dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, pero establece que esas normas deberán ser evaluadas por una Comisión Bicameral que se deberá crear por una ley.
