Un grupo de diputados nacionales y dirigentes de organizaciones sociales reclamaron la liberación de veintiun piqueteros detenidos en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, y denunciaron la "violación de derechos y garantías" por parte de la justicia de esa provincia durante el proceso.
Los dirigentes hicieron referencia a la detención de un grupo de manifestantes ocurrida el sábado a la madrugada en Caleta Olivia tras un operativo de Gendarmería Nacional y la policía provincial, que los desalojó de la ruta 3 y la playa de tanques de Termap desde donde reclamaban puestos de trabajo.
En una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la que participaron además familiares de detenidos, Mario Villareal, abogado de uno de ellos, denunció el "mal trato" al que fueron sometidos. Villareal precisó que los dirigentes presentaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación una denuncia por "violación de los principios de derechos Humanos y garantías consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica" efectuada, según dijeron, por "los poderes judicial y ejecutivo de Caleta Olivia".
María Mesa, esposa de uno de los detenidos, sostuvo que la detención de su marido fue "a dedo porque él sólo fue a pedir trabajo digno" y recordó la situación de otras personas que, dijo, "fueron sometidas a torturas y se llevaron a la gente sin decir a dónde".
articiparon de la conferencia de prensa los diputados Patricia Walsh, de izquierda Unida; Eduardo Macaluse, del ARI y Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, y la legisladora porteña Vilma Ripoll. Además, Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, reveló que mantuvo una reunión con el juez de Instrucción de Caleta Olivia, Marcelo Bailaque, que ordenó el desalojo de la planta, quien explicó que dispuso esa medida se realizara "con los medios que sean necesarios".
