El proyecto, apoyado por el mayoritario bloque justicialista y de la UCR cosechó en su tratamiento general 48 votos a favor y sólo 5 en contra, pero el radicalismo votó en contra en el tratamiento en particular.

La modificación al proyecto de la Ley de Estupefacientes establece que "en caso de duda sobre la jurisdicción competente prevalecerá la federal" y que "conocerá ésta jurisdicción cuando la causa tenga conexividad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero".

Luego de marchas y contramarchas, el proyecto llegó al recinto con dictamen favorable de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales, que presiden la justicialista Sonia Escudero y el radical Jorge Agúndez, respectivamente.

Con respecto al criterio para determinar cuando una causa tendrá posibilidad de ser sustanciada por la justicia ordinaria, se acordó establecer que "deberá surgir inequívocamente que es para uso personal de quien recibe la droga".

El reclamo de la provincia de Buenos Aires se basa en que, según el ministro de Seguridad, León Arslanian, y varios intendentes del distrito, "esta norma sirve para poder controlar la venta de pequeñas cantidades de droga en lugares como kioscos o negocios habilitados en otros rubros".

En este sentido, la senadora justicialista por Buenos Aires Mabel Muller explicó durante la sesión "las fuerzas policiales hoy no pueden controlar la venta minorista en pequeñas cantidades que se realiza para consumo personal en kioscos y bares".

"Según la experiencia recogida, un elevado número de delitos es cometido en la provincia por quienes actúan bajo efecto de estupefacientes", agregó.

En favor del proyecto también se manifestó el presidente de la bancada justicialista, el rionegrino Miguel Pichetto, que dijo que la actual Ley de Estupefacientes fue diseñada "cuando la Argentina era sólo un país de tránsito".

"Hoy, la Argentina es un país de peligroso nivel de consumo; que vive un proceso parecido a lo que puede darse en Río de Janeiro, en San Pablo o en otras ciudades de América Latina", agregó.

Tras advertir sobre este panorama, el titular de la bancada oficialista advirtió que con la sanción de esta iniciativa "se está abriendo un crédito a la policía bonaerense" y confió en que "resten a la altura de asumir la responsabilidad".

Pese a que votó a favor, la presidente de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la justicialista salteña Sonia Escudero, remarcó que la "desfederalización" de este delito "deja la posibilidad de abrir un campo de corrupción mayor", que "podría provocar un congestionamiento en la justicia provincial" y que "implica la permanente gestión de conflictos de competencia".

El senador por el Partido Nuevo de Córdoba, Carlos Rossi, justificó su voto en contra, argumentando que "cuando comiencen a discutirse competencias con una persona detenida, se puede dejar el tema en suspenso por largo tiempo, porque finalmente la jurisdicción debe ser resuelta por la Corte Suprema". Además de Rossi, votaron en contra de la iniciativa el catamarqueño Oscar Castillo, del Frente Cívico; el socialista santafesino Rubén Giustiniani; y los porteños Rodolfo Terragno, radical independiente y Vilma Ibarra, del Frente Grande.

Justamente, esta última manifestó el "dudoso alcance" que pueda tener la norma por considerar que "puede afectar cuestiones de competencia y atentar contra la eficacia por romper la cadena de investigación".

El proyecto se tendría que haber votado hace dos semanas, según la promesa realizada oportunamente por autoridades del bloque de senadores justicialistas al gobernador bonaerense Felipe Solá.

La demora obedeció, fundamentalmente, a la negativa de senadores de provincias 'chicas' para acompañar el proyecto debido a que varios legisladores consideran que en esos distritos "el poder judicial no muestra una independencia absoluta del poder político".