Ese temor fue expresado tanto por legisladores del PJ, cercanos al ex presidente Eduardo Duhalde, como por diputados que se autocalifican de transversales y que mantienen buenas relaciones con el Gobierno nacional.

Un diputado cercano al ex presidente Duhalde argumentó que los proyectos busca evitar que se pierda la pluralidad que actualmente existe en la Corte, en detrimento de una nueva "mayoría automática" que, esta vez, responda al presidente Néstor Kirchner. Ahora, los legisladores que impulsan las iniciativas tendientes a reducir de nueve a siete el número de integrantes de la Corte sostienen que si el Gobierno sigue proponiendo candidatos se corre el riesgo de que se produzca un desequilibrio en cuanto a las llamadas "escuelas de derecho" en el seno del tribunal.

Con este análisis político como telón de fondo se elaboraron dos proyectos de ley muy similares, que proponen que la Corte quede integrada por siete miembros.

En ambos textos se indicó que en tanto se alcance el número previsto de integrantes, no se completarán las vacantes que se produzcan.

Una de las iniciativas está suscripta por los justicialistas bonaerenses Juan José Alvarez y Gustavo Ferri, el peronista porteño Cristian Ritondo, el macrista Jorge Vanossi y el cordobés de la Ucedé Mauricio Bossa, entre otros.

Entre los diputados firmantes del otro proyecto se encuentran el peronista tucumano Ricardo Falú, el justicialista porteño Gerardo Conte Grand, las aristas María América González y Marcela Rodríguez, el radical sanjuanino José Minguez, el socialista Héctor Polino, la correntina de Convergencia Araceli Méndez de Ferreyra y la frepasista Nilda Garré.

Esta semana la comisión de Juicio Político de la Cámara baja continuó avanzando en el análisis de las desprolijidades jurídicas cometidas en la Corte en la década pasada, que motivaron varios procesos contra ministros del tribunal y en todos los casos terminaron con la renuncia o destitución de los jueces.

La acusación fundamental contra esos ex magistrados fue la de "mal desempeño" de sus funciones, que según las distintas causas sobre las que se basaron los procesos, causaron serios perjuicios económicos al Estado nacional.

Hasta el momento los legisladores criticaron la labor del ex presidente de la Corte Suprema Julio Nazareno, quien renunció antes de que se tratara su posible remoción; y del ex ministro Guillermo López, que dimitió el mismo día en que la comisión parlamentaria tenía previsto aprobar la acusación en su contra.