El proyecto fue avalado por el vicepresidente, Daniel Scioli; por la secretaria de la CGT, Susana Rueda, y por los dirigentes de judiciales Julio Piumato; Andrés Rodríguez, de UPCN, y Norberto Di Prospero, de los Legislativos. Rodríguez explicó que el objetivo del proyecto es "que los casos que se den no lleguen a la sanción, sino a la prevención" y que "es indudable que existen condiciones de violencia laboral".

Piumato dijo que "la violencia laboral aumento, fundamentalmente, por la precarización del empleo que generó, entre otras cosas, que miles de compatriotas perdieran sus fuentes de trabajo y que otros continúen en sus puestos con temor a perderlas".

Rueda, por su parte, comentó que "las situaciones de violencia laboral son aplicadas por lo general contra las mujeres" y que "es una práctica muy habitual entre los empresarios que se realiza a través de empleados de niveles intermedios".

El proyecto califica como violencia laboral a "toda aquella situación en la que una o varias personas, sean superiores jerárquicos o no, ejerzan violencia psicológica, en forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otras u otras personas en el lugar de trabajo".