Diputados de distintas bancadas presentaron un proyecto de ley para que se extinga la acción penal y la pena contra las personas procesadas o detenidas por hechos ocurridos durante protestas sociales desde el 1 de febrero de 1991 hasta la sanción de la iniciativa.
Los legisladores señalaron, además, que pedirán una sesión especial para el próximo 9 de noviembre, para tratar la iniciativa, y las organizaciones sociales que respaldan el proyecto realizarán una movilización al Congreso para esa fecha.
La propuesta fue presentada durante una conferencia de prensa organizada en el edificio anexo del Congreso, que contó con la participación de varios diputados y más de una decena de organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos.
La presentación fue realizada en una conferencia de prensa de la que participaron los diputados nacionales del socialismo, Ariel Basteiro y Héctor Polino; de Emancipación y Libertad, Claudio Lozano; del ARI, Eduardo Macaluse y Lucrecia Monteagudo. También asistieron el secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro; y representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Independientes de Jubilados y Desocupados, entre otras agrupaciones sociales.
"La criminalización de la protesta ha llevado a que religiosos, legisladores, integrantes de pueblos originarios, ecologistas, trabajadores y desocupados fueran procesados por reclamar por el cumplimiento de sus derechos. Es necesario adecuar el Código de Procesamiento Penal a las nuevas circunstancias que vive el país", destacó Basteiro en el Congreso al presentar el proyecto.
La iniciativa elaborada por un grupo de legisladores establece además que los jueces que entienden o entendieron en las causas respectivas "deberán resolver el sobreseimiento, invocando la extinción de la acción penal aún de oficio, cualquiera fuese el estado de la causa, ordenando la libertad de quiénes se encuentren cumpliendo prisión preventiva o condena, así como la eliminación de las sentencias condenatorias".
