La ley retardará la represalia a los morosos con la que cuentan actualmente las concesionarias, que pueden cortarles el servicio a sus usuarios sin previo aviso ante un retraso en el pago de dos períodos consecutivos, facultad que rige para casi todos los servicios públicos, con excepción del agua potable. El proyecto, votado por 45 senadores, es una iniciativa del jefe del bloque radical, Mario Losada (Misiones), que contó con el apoyo de todas las bancadas presentes en la última sesión.

Desde la otra vereda, el diputado justicialista Julio Gutiérrez advirtió que en caso de ser totalmente aprobado, el proyecto provocará una "catarata de juicios contra el Estado".

El legislador santafesino, que integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señaló que esa iniciativa "viola los contratos de concesión". Gutiérrez recordó que "cuando se concesiona un servicio público se firma un contrato de vinculación donde hay derechos y obligaciones, donde lo facultan al concesionario a cortar el servicio en determinadas condiciones".

"Hay que tener cautela con esto para que no haya una catarata de juicios por parte de las empresas porque modifican el contrato de vinculación", dijo el legislador.

Losada salió al cruce de las críticas de "demagógico" que algunos economistas formularon contra el proyecto. En ese sentido, sostuvo que "no es demagógico y sirve para defender a usuarios absolutamente indefensos".

Losada señaló que el proyecto "busca equilibrio en la relación entre las partes", y señaló que contempla los casos de "extrema necesidad".

Por su parte, el diputado Héctor Polino señaló que el proyecto "seguramente va a ser compatibilizado con el de marco regulatorio general del Poder Ejecutivo y algo tendremos que aprobar para que la gente pueda seguir teniendo servicios".

El legislador preguntó "qué culpa tienen millones de argentinos por la responsabilidad del Estado que en el pasado aplicó una política económica por la que perdieron el empleo". Polino recordó que en la década pasada las empresas "tuvieron márgenes de rentabilidad del 300 y 400 por ciento que giraban a las casas matrices del exterior sin invertir en el servicio".

El proyecto, de tres artículos, establece que "previo a la intimación del pago del servicio al usuario moroso, la empresa prestadora del servicio público domiciliario lo invitará a una instancia mediadora".

El economista Aldo Abram sostuvo que el proyecto "aporta solamente una demagogia de la peor y mal hecha desde el momento que no se están previendo los costos de la mediación que tendrá la empresa y los que derivan de prestar un servicio que no le pagan".

En declaraciones radiales, sostuvo que "si no se prevén, esos costos los tendrá que asumir la empresa y en algún momento se trasladarán a los usuarios".

"Si no pueden trasladarlos al usuario se va a invertir menos y disminuirá la calidad de servicio para todos los consumidores", añadió el economista. Opinó que los políticos en la Argentina "están demostrando a los empresarios que pueden invertir, que los legisladores tienen una gran predisposición para hacer demagogia con la plata ajena".

"Esta es la peor de las demagogias, porque alguien debería explicar por qué el teléfono es algo tan esencial, si hay mucha gente que no lo tiene porque no lo puede pagar y no se muere en el camino" dijo.

Por su parte, Roberto Cachanosky señaló que si "el objetivo inmediato del proyecto es poner contenta a la gente, en el largo plazo habrá menos inversión menos salarios y menos posibilidad de pagar gas, luz y teléfonos".

Tras criticar a los políticos que "se llenan la boca con la palabra desempleo", opinó que "hay que desenmascarar a los que levantan la bandera del progresismo y dicen que defienden a los pobres, cuando en realidad los hunden en la miseria". El economista agregó que no defiende a las empresas privatizadas "sino un orden jurídico, para que cada ciudadano pueda a fin de mes llevarse con dignidad el pan a la mesa de su casa y no depender del Plan Jefas y Jefes".

Por su parte, el economista Manuel Solanet calificó como "una macana" el proyecto y señaló que "no va en la dirección para crear un clima de inversión y no es una buena señal".

Tras reclamar la normalización de los contratos de servicios públicos con las empresas concesionarias, Solanet señaló que "hay que evitar que evitar que se hagan macanas, por ejemplo esto de la media sanción del Senado que impide cortar un servicio público a un usuario moroso".