"El hecho de (que se busquen) consensos no significa que se dilate el tema", señaló el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido en Jujuy y defendió la iniciativa oficial al señalar que "no hay mayor inseguridad jurídica que el hecho de que no haya marco regulatorio".

En la misma línea, el secretario de Energía, Daniel Cameron, aclaró que la propuesta del Ejecutivo "ha sido una primera opinión" y ahora deberá ser el Congreso el que convoque a los sectores involucrados, puesto que es su derecho.

"Creo que esa ha sido una primera opinión y que el Congreso, en todo su derecho por lo que son sus obligaciones, tendrá que convocar a los distintos sectores involucrados, no sólo del Gobierno", dijo Cameron al retirarse del Congreso Mundial de GNC, que se desarrolla en Costa Salguero.

El funcionario eludió dar una repuesta puntual respecto de una posible postergación en el tratamiento del proyecto, como consignó un matutino local, señalando que estuvo "dedicado" a otros temas.

Lo cierto es que el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Jorge Capitanich, admitió que el tratamiento del tema fue postergado sin fecha hasta tanto se logre "un amplio consenso para abordarlo" en el ámbito legislativo.

"Se necesita un amplio consenso para tratar este proyecto (que elaboró el Poder Ejecutivo). Por lo tanto, el programa hace imposible su tratamiento en este período de sesiones ordinarias", señaló el legislador.

Según trascendió, la iniciativa -que cuenta con media sanción del Senado- quedaría congelada hasta tanto se reanuden las negociaciones con el FMI, es decir, hasta después del cierre de canje de deuda en default.

El proyecto -que no es bien visto por el FMI ni por el Grupo de los Siete, que nuclea a los países más industrializados- otorga más poder al Estado para controlar a las empresas, define el "acceso universal" a los servicios, incluye la "tarifa social" y establece la "continuidad en la prestación en condiciones básicas esenciales para la subsistencia".

Capitanich aclaró que "un proyecto de estas características, que puede generar cierto impacto, polémica o ruido en el marco de las negociaciones con los organismos internacionales, necesita un sistema de control de distintos aspectos dentro de los poderes del Estado".

"Por lo tanto, esta propuesta podrá ser debatida o no en el marco de las sesiones ordinarias de este año", puntualizó el legislador justicialista.