En un trámite veloz, el oficialismo consiguió 24 horas después de que el Gobierno haya presentado su propuesta, nueve firmas -ocho del justicialismo y una del neuquino Pedro Salvatori en disidencia parcial- para emitir despacho en la Comisión de Presupuesto, que preside el senador Jorge Capitanich.

El legislador chaqueño aseguró que "mientras la desocupación supere un dígito y el país continúe en las condiciones en que está, se puede considerar que seguimos en una situación de gran emergencia social". De este modo, el legislador oficialista apoyó la prórroga por un año de la ley de Emergencia Económica, tal como lo reclamó el Poder Ejecutivo.

Capitanich aclaró que el Congreso tuvo "un rol activo" en la renegociación de los contratos con las privatizadas, que es una de las facultades que delegó al Poder Ejecutivo, al momento de ser aprobada la ley de Emergencia Económica, a principios de 2002.

"El Congreso ha aportado documentación en el marco de las negociaciones de algunos contratos. Por ejemplo, cuando se planteó la renegociación del contrato de Ferrosur, hemos ido a una audiencia pública y hemos observado la carta de entendimiento que elaboró la Unidad de Renegociación de los contratos, que ahora está sujeta a corrección", puntualizó.

La emergencia económica, que incluye la suspensión de despidos sin causa y el pago de la doble indemnización hasta que la desocupación resulte inferior al 10 por ciento, será llevada al recinto el 10 de noviembre, según dijo Capitanich.

Con el aval de la Comisión a la prórroga, el presidente Néstor Kirchner sigue sumando facultades especiales, ya que la Cámara de Diputados respaldó ayer los "superpoderes" incluidos en el presupuesto 2005. Aparte de estas dos herramientas, el Gobierno dispone de una amplia libertad para redactar decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), ya que la norma que reglamenta los DNU esta frenada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la reunión, esta fue la principal queja del bloque de la UCR, que acusó al Poder Ejecutivo de querer para sí "la suma del poder público", según denunció el senador radical Ernesto Sanz (Mendoza).

Sanz agregó que el justicialismo "avanza sobre cuestiones que son muy graves para la República", y que pedir la delegación de facultades del Parlamento "es un ataque y un agravio a las instituciones". Además, el senador explicó que "en el 2001 votamos a favor, nos siguió pareciendo razonable la prórroga en el 2003, pero nos parece injustificado en el 2004".

Después de las críticas de Sanz, que ratificó la oposición de la UCR, diferentes legisladores del oficialismo le respondieron, entre ellos Celso Jaque (Mendoza), José Mayans (Formosa) y el propio Capitanich.