La iniciativa, que tendría vigencia desde el 1 de febrero de 1991 hasta la fecha de la sanción, es impulsada por unos 40 legisladores opositores, entre los que se encuentran Ariel Basteiro, Jorge Rivas, Patricia Walsh, Marta Maffei, Eduardo Macaluse, Francisco Gutiérrez y Claudio Lozano.

"Cortar una calle en el marco de una protesta justificada no es delito", afirmó Basteiro, uno de los impulsores del proyecto, y agregó: "Tampoco lo es que un grupo de empleados tome un sector o toda la empresa si existe un cierre abrupto o una quiebra fraudulenta". El diputado socialista aseguró que se logró un "fuerte compromiso para debatir el proyecto" por parte de los legisladores, "entre ellos muchos del PJ".

El primer artículo del texto indica: "Declárase extinguidas la acción penal y la pena respecto de los hechos realizados con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, gremial, cultural estudiantil, por la vigencia de los derechos humanos o en reclamo de condiciones de los pueblos originarios".

La iniciativa precisa, en el segundo artículo, una decena de acciones que deberían quedar incluídas en el primer punto, entre las que se encuentran los cortes de ruta, movilizaciones y acciones para paralizar subastas de viviendas familiares. Incluye también paros, ollas populares y negativas a desalojar inmuebles cuando el destino sea cobijar a familias carenciadas.

"Los jueces que entendieron o entienden en las causas respectivas deberán resolver el sobreseimiento, invocando la extinción de la acción penal, aún de oficio, cualquiera fuese el estado de la causa, ordenando la libertad de quienes se encuentran cumpliendo prisión preventiva o condena", agrega el proyecto.

Por su lado, el diputado nacional justicialista Cristian Ritondo consideró una "barbaridad absoluta" el proyecto de ley de extinción de la pena y de la acción penal para los casos de protestas sociales, que introduce modificaciones en el Código Penal, y aseguró que "existe acuerdo" en Diputados para que la ley "no salga".

"Es una barbaridad absoluta querer modificar el Código Penal en ocasión de un grupo o un sector", consignó el legislador. En este sentido, agregó que "todos en Argentina esperan que haya reglas claras que sean respetadas por todos, sin excepción, porque de lo contrario sería una anarquía".

Al respecto, Ritondo adelantó que "hay acuerdo en diputados" para que este proyecto no avance (del PJ y de la UCR), porque -señaló- "es de sentido común" no permitirlo.

Enseguida reiteró que "no debe existir en el Código Penal excepciones para sectores o para medidas de protesta" y dejó claro que "quien usurpa una comisaría o toma una fábrica debe tener la condena que merece, en base a la ley vigente en el Código Penal".