El Senado tratará hoy el proyecto que prorroga hasta fin de 2005 la Ley de Emergencia Económica, que delega amplias facultades del Congreso al Poder Ejecutivo en materia económica, política, financiera, cambiaria y laboral.
La iniciativa, rechazada por el radicalismo, también extiende la suspensión de los despidos sin causa hasta que la desocupación descienda por debajo del 10 por ciento y por ende prorroga la vigencia de la doble indemnización.
El jefe del bloque radical, Mario Losada adelantó que su partido "no facilitará el quórum", por lo que el oficialismo deberá reunir el número necesario para sesionar, apoyado en los bloques minoritarios aliados del Gobierno.
El tratamiento no tendrá dificultades para el oficialismo, ya que la firma del dictamen de comisión se consiguió en dos horas y sólo un día después de que el Poder Ejecutivo lo enviará al Senado, confiaron fuentes parlamentarias.
Una vez reunido el número para habilitar la sesión el trámite se le facilitaría al PJ, que cuenta con 41 escaños, de los 72 que tiene el cuerpo. Según trascendió, colaborarían con el quórum los transversales Vilma Ibarra y Diana Conti, y el Interbloque Federal de partidos provinciales.
Si bien fuentes oficiales descartaron que en el seno del bloque oficialista haya disidencias en torno al proyecto, la conducción del PJ tuvo una reunión de último momento con todos los integrantes de la bancada, con el objetivo de terminar de alinear a su tropa.
Sobre la prórroga, el jefe del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto, adelantó que se incorporará al texto oficial la "emergencia sanitaria", por la crisis que vive el sector de la salud.
La incorporación, incluida a último momento, fue solicitada por el ministro de Salud, Ginés González García, quien este martes se reunió con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich (PJ-Chaco) para ultimar los detalles del agregado.
El proyecto, que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, le permitirá, además, al Poder Ejecutivo finalizar la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos.