En una ajustada votación, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto que determina la prórroga de la Emergencia Económica, una herramienta que habilita al Gobierno a renegociar con facultades legislativas los contratos de servicios públicos y a reformular el sistema financiero y cambiario.
Con el impulso del mayoritario bloque justicialista y el acompañamiento de la frentista Diana Conti, el oficialismo se impuso en la votación al arco opositor por 34 votos a 27, en tanto se registraron las abstenciones de tres senadores peronistas.
La prórroga de la Ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario -solicitada por el Gobierno- incluye también la suspensión de despidos sin causa y el pago de la doble indemnización hasta que la desocupación resulte inferior al 10 por ciento. Según el proyecto, la indemnización extra que deberán pagar las empresas por despidos injustificados, que rige actualmente gracias a un decreto del Gobierno, se mantendrá hasta que "la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte por debajo del 10 por ciento".
Los justicialistas lograron imponer el pedido del presidente Néstor Kirchner con 34 votos a favor -entre el que se contó el de la frepasista Diana Conti-, 27 en contra y 3 abstenciones.
La defensa de la prórroga fue realizada sin medias tintas por el jefe de la bancada peronista, Miguel Angel Pichetto, quien subrayó la necesidad de "respaldar" al Gobierno nacional para que "pueda afrontar las circunstancias que tiene por delante".
"Cuando seamos un país normal habrá que decidir no dar más estas facultades, pero todavía no es el momento", dijo Pichetto para intentar desautorizar los cuestionamientos formulados por el radicalismo.
Pichetto fue tajante y sostuvo: "No somos transversales, somos peronistas, y el peronismo es un partido de gobierno y de poder".
El justicialista rionegrino recordó, una vez más, el accidentado gobierno de la Alianza, que terminó anticipadamente en medio de una fuerte crisis económica y social. "Nosotros nos comprometemos con el Gobierno en las buenas y en las malas, qué pasaría con el poder político del Presidente, qué pasaría con la negociación del Gobierno con los acreedores externos si no prorrogáramos esta ley, por eso venimos a apoyar el Gobierno que todavía necesita estos instrumentos para sacar el país de la crisis", agregó.
Por su parte, el titular de la bancada de la UCR, Mario Losada, atacó la iniciativa reclamada por el Gobierno al sostener que la prórroga de la Emergencia Económica habla de un país en el que "hay sólo un legislador que es el Poder Ejecutivo".
"Cuál va a ser el argumento para convencer a los inversores que es una Argentina en marcha o en emergencia", preguntó Losada y agregó: "Les hablamos de un país que funciona con división de Poderes, que funciona con seguridad jurídica, o le decimos a los extranjeros que casi no funciona el Congreso, que dada la crisis que tenemos, hay un solo legislador que es el Poder Ejecutivo".
Una de las ausencias notorias en el recinto fue la de la senadora justicialista Cristina Fernández de Kirchner, que el año pasado se abstuvo de votar la primera prorroga pedida por su esposo, el presidente Kirchner. La senadora santacruceña tuvo misma actitud la primera vez que el Poder Ejecutivo pidió la ley, el 6 de enero de 2002, bajo el gobierno del ex mandatario Eduardo Duhalde.
En aquella ocasión, la ahora primera dama utilizó los mismos argumentos que planteó la UCR para oponerse al proyecto y señaló: "No quiero dejar más mi vida y mi patrimonio en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas".
Con esas palabras, según la versión taquigráfica de aquella sesión, Cristina Fernández rechazó el pedido del Ejecutivo.
La actitud de la senadora santacruceña, que se encuentra en los Estados Unicos, fue cuestionada durante una cena de camaradería organizada por la dirección del bloque del PJ, según indicaron fuentes parlamentarias.
Si la Cámara baja da luz verde al proyecto, el Poder Ejecutivo podrá finalizar la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizadas, sin el control posterior del Congreso.
