Mientras se desarrollaba la reunión, surgieron versiones en ámbitos del Congreso y de Tribunales de la renuncia de Boggiano, que debieron ser desmentidas por los propios colaboradores del ministro de la Corte Suprema.

El ministro Boggiano "se encuentra en su despacho, trabajando normalmente y no presentó su renuncia, por lo que la versión no tiene asidero alguno", informaron fuentes cercanas al juez de la Corte.

La decisión de los diputados fue adoptada en el marco de una reunión de la comisión de Juicio Político que tuvo el respaldo de una abrumadora mayoría de sus miembros, ya que el dictamen cosechó 21 firmas de los 23 legisladores que conforman ese cuerpo.

La acusación contra Boggiano, que fue respaldada por 22 de los 23 miembros de la comisión que preside el justicialista José Falú, se basó en las causas "Macri", "Dragonetti de Román" y "Meller", pilar de la acusación, porque sobre ella se apoyó la destitución de Eduardo Moliné O'Connor. De esta manera, Boggiano se convirtió en el quinto juez de la Corte Suprema cuestionado por su labor durante la década pasada desde que el presidente Néstor Kirchner llegó al Gobierno nacional.

Antes que él habían sido acusados y renunciaron previamente a que prosperara el juicio político Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López, en tanto que fue destituido Moliné O'Connor.

Boggiano es visto como "el último integrante de la mayoría automática" que funcionó durante el menemismo y su acusación provocó en las últimas semanas abiertos enfrentamientos dentro del PJ, que se expresaron en el Congreso.

La disputa salió a relucir a partir de una declaración de un funcionario nacional que fue publicada por un matutino porteño, en la cual se afirmaba que el Gobierno no estaba de acuerdo con que se avanzara en la acusación contra Boggiano, quien en los últimos días avaló la pesificación aprobada en la Corte.

En tanto, durante la sesión de ayer, el diputado arista Adrián Pérez presentó una "preferencia con dictamen de comisión" al plenario del cuerpo, que fue votada favorablemente, para que el dictamen de la Comisión de Juicio Político sea tratada en la próxima sesión, que se realizará este jueves. Según esta decisión y en cumplimiento de los tiempos parlamentarios, el dictamen acusatorio debería discutirse la próxima semana y -de acuerdo con fuentes de los distintos bloques- el pedido de destitución prosperaría.

En los primeros párrafos del dictamen, de 132 páginas, se detallaron las razones de la acusación de la causa Meller, originada en el reclamo de la empresa que imprimió las guías telefónicas de una actualización por 400 millones de pesos en bonos de consolidación en perjuicio del Estado.

"Cuando una funcionaria del Ministerio de Economía advirtió esa escandalosa maniobra, debió expedirse el Procurador del Tesoro -máxima autoridad de la Administración Pública-, quien determinó que (el reclamo) era nulo de nulidad absoluta e insanable y debía ser declarado lesivo al interés público", se indicó en el texto.