Por otra parte, envió a la Cámara de Diputados uno de los senadores Ricardo Gómez Diez, del Renovador de Salta, y Pedro Salvatori, del MPN, que modifica la interposición del recurso para las sanciones impuestas por la unidad de información financiera.

También fueron enviados a la Cámara baja dos proyectos de modificación a la ley de Defensa del Consumidor: uno que deroga el principio de supletoriedad y otro que obliga a las empresas a incluir en los contratos los derechos y obligaciones de los usuarios.

Otro proyecto referido con el tema consumo fija la obligatoriedad de manifestar, publicar o exhibir los precios de bienes y servicios en moneda nacional.

Una iniciativa de la senadora justicialista María Laura Leguizamón, que contempla la creación del Registro Nacional de Deudores Morosos, también fue enviado a la Cámara baja.

En materia de seguridad, se dio media sanción a un proyecto del senador radical Jorge Agúndez, por el que se modifica el artículo 65 del Código Penal en lo que respecta a la prescripción de la pena. En el caso de reclusión y prisión perpetua será de 35 años, en reclusión y prisión temporal un tiempo igual al de la condena, no pudiendo superar en ningún caso los 30 años, y en el caso de multa de dos años.

En la actualidad para los casos de reclusión y prisión perpetua las penas prescriben a los 20 años.