Convirtieron en ley el presupuesto 2005

El Senado convirtió en ley el proyecto de Presupuesto 2005, que contempla una pauta general de gastos de 77.453 millones de pesos y delega al jefe de Gabinete facultades para reformular el destino de lo asignado originalmente.

En la votación, el justicialismo, con el apoyo de "transversales" y de representantes de algunos partidos provinciales, consiguió 41 votos afirmativos contra 25 negativos, provenientes en su mayoría del radicalismo.

Para el PJ resultó más fácil la votación que reunir 39 senadores -dos más del quórum propio- para habilitar el inició de la sesión, debido a la negativa de radicales y de representantes de otros partidos opositores a facilitar legisladores para alcanzar el número.

El peronismo consiguió el quórum pasado el mediodía, cuando reunió 36 senadores propios y el aporte del tucumano Ricardo Bussi (Fuerza republicana), de la bonaerense Diana Conti (Frepaso) y de la porteña Vilma Ibarra (Frente Grande). Tal como sucedió en Diputados, el debate del Presupuesto 2005 se centralizó en las atribuciones que se delegarán al jefe de Gabinete para que pueda reformular el destino del gasto, sin atender las disposiciones del artículo 37 de la ley de Administración Financiera.

El proyecto oficial fue aprobado en general por 41 votos a favor y 25 en contra, luego de más de siete horas de debate, en el cual la oposición denunció un "vaciamiento" del Congreso por parte del Poder Ejecutivo. En este sentido, la delegación de facultades -incluida en el artículo 11- permitirá al jefe de Gabinete no cumplir con la Ley de Administración Financiera y a la norma de Responsabilidad Fiscal, e incluso, admite trasladar esas facultades en los distintos ministros.

Al momento de votar la delegación de facultades especiales el resultado fue mas apretado: 36 votos por la afirmativa -del PJ y los senadores "transversales" aliados del Gobierno- y 27 en contra.

Casi todo el arco opositor votó en contra del articulo 11: El bloque de la UCR, el socialista Rubén Giustiniani, el Interbloque Federal de partidos provinciales, el vecinalista de Córdoba Carlos Rossi, y la bancada de Fuerza Republicana (Tucumán). A ellos se sumo una parte del peronismo: Raúl Ochoa y Liliana Negre de Alonso de San Luis.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados el 5 de noviembre, también ratifica el decreto de pesificación (214), instrumentado durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

Según la ley, la inflación prevista para el año próximo se ubica en el 7.8 Por ciento y el monto total de gastos en los 77.500 millones de pesos, un 17,7 por ciento más que este año, mientras que los ingresos estimados para el Estado llegan a 85.100 millones de pesos.

Por la mayoría, defendió la propuesta el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich (Chaco), quien dijo que la ley "es un punto de inflexión a 34 años de déficit".

Capitanich destacó que el oficialismo acompaña al gobierno porque el peronismo "aumenta la disciplina cada vez que está en el poder" y destacó que después de 34 años "se revirtió la tendencia de déficit fiscales".

Asimismo señaló que el Gobierno fue "muy razonable" en la reasignación de recursos durante este año y remarcó que "solo se modificaron el 0.69 Por ciento de las partidas".

Después, el senador radical, Ernesto Sanz (Mendoza), denunció que los superpoderes "son casi la suma del poder público" para el Poder Ejecutivo y dijo que el presupuesto, con la delegación de facultades especiales, es "virtual".

Sanz sostuvo, además, que el presidente Néstor Kirchner pretende las facultades especiales para "redireccionar los recursos destinados a la obra publica" con el objetivo de "pagar la deuda" a los acreedores privados".

"El gobierno necesita los superpoderes para transferir recursos para pagar la deuda. Los recursos que se van a transferir son los destinados para la obra publica, que es la única partida de donde se puede sacar la plata", subrayó.

El jefe del bloque radical, Mario Losada, sostuvo que con la delegación de facultades el Congreso "perdió la batalla más importante, que es la de la defensa de las instituciones".

También manifestó su oposición el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), al considerar que "el presupuesto se convierte en un mero formalismo al concretar la delegación de facultades" y que "la política económica y social abandona la necesaria redistribición del ingreso y prioriza los pagos de la deuda externa".

Por su parte, el senador renovador Ricardo Gómez Diez (Salta), afirmó que los superpoderes son "inconstitucionales", opinión que compartió el radical independiente Rodolfo Terragno, quien además denunció que con la delegación de facultades "se esta afectando la división de poderes" que marca la Constitución nacional.

Terragno consideró que "el presupuesto de la Nación, la ley de leyes, se ha convertido en una planilla de excell, que se le entrega al jefe de Gabinete en un disquete para que reemplace cifras como le parezca".

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