El principal cambio introducido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la senadora Cristina Fernández de Kirchner, es la obligación de las empresas privadas a brindar datos sobre su organización. Esta exigencia a las empresas privadas no estaba contemplada en la redacción de Diputados, que sólo obligaba a los entes públicos del Estado a brindar información a los ciudadanos.

Por la mayoría, defendió el proyecto Fernández de Kirchner, quien fustigó a los medios de comunicación al afirmar que los mismos "deforman" el carácter del derecho a la información publica.

En la votación del proyecto, los justicialistas y algunos aliados de partidos de representación minoritaria en la Cámara se impusieron por 38 a 19 a la oposición, conformada en su mayoría por el radicalismo.

El bloque radical defendió el texto de la Cámara de Diputados y, consecuentemente, actuó en sintonía con el pedido de las Ong's; lo que aparece como un factor clave para que la Cámara baja insista con su proyecto. Además de la mencionada modificación, el Senado también incluyó un artículo que obliga a la presentación de un documento con carácter de declaración jurada para quien solicite la información en la cual debe constar el fin para el cual se la requiere.

Durante el debate, varios senadores consideraron como "intimidatorio" a este artículo, en tanto que los que defendieron el proyecto argumentaron que es por una cuestión de "garantías".

Este formulario, por el cual se solicitan los datos, tendrá un plazo de 20 días hábiles para ser respondido. Ese período podrá ser extendido hasta 35 días.

El articulado establece que el silencio o la inexactitud en la entrega de los datos se presume como negativa, y habilita a que el requiriente pueda acceder a vías judiciales.