La iniciativa, que busca evitar el aumento abusivo del precio de las garrafas, fue aprobada por 175 votos contra 4 y 8 abstenciones y contó con el respaldo del justicialismo y de la mayoría de los bloques opositores en el debate en general, aunque manifestaron sus disidencias en la discusión en particular.

Sin embargo, el proyecto -que tenía sanción del Senado- deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva, ya que los diputados realizaron modificaciones a la iniciativa como la introducción de un artículo que establece la reducción del IVA a la mitad, es decir, del 21 al 10,5 por ciento.

Tanto los diputados oficialistas como opositores señalaron la paradoja de que el gas en garrafa tiene un costo mayor que el gas natural.

La iniciativa fue respaldada por la oposición que ponderó la necesidad de regular el mercado, pero al mismo tiempo fue duramente cuestionada por el contenido de distintos artículos. El titular de la Comisión Energía y Combustible, Jesús Blanco, se encargó de defender el proyecto y señaló "la escasa transparencia del mercado y los precios abusivos" a los que son sometidos los usuarios.

Blanco, un hombre del PJ bonaerense, ponderó el contenido del artículo 5, en el que declara a la industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) como "de interés público", y destacó el artículo 7, que ata el precio interno al internacional. Pero, estos dos artículos fueron de los más cuestionados por los diputados opositores, algunos de los cuales anticiparon su abstención o voto del proyecto pero sólo en general y su rechazo en particular de varios puntos.

El radical mendocino Víctor Fayad advirtió que es "clave definir si se trata de un servicio público o de interés publico" y precisó que la diferencia entre una y otra definición tiene que ver con el rol del Estado como custodio de lo que se considera "un bien común".

"Si el Gobierno tiene una política clara y precisa debe decir 'esto es un servicio público, porque está por delante el bien común'", subrayó Fayad. También cuestionó al oficialismo: "Nos rasgamos las vestiduras hablando de los sectores más desposeídos, pero no nos animamos a definirlo como un servicio público".

Puso en duda también el objetivo de gravar con el Impuesto al Valor Agregado al GLP y la autorización para que en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones puedan comecializar el gas licuado para el uso automotor con una alícuota "del 12 por ciento" sobre el precio de venta.