El pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano sería tratado en la Cámara de Diputados en la sesión del próximo 16 de diciembre, pese a que en el Gobierno nacional y en el Senado hay algunas resistencias a procesar al último ministro de la denominada mayoría automática menemista.
La decisión de tratar el dictamen de la Comisión de Juicio Político, que fue votado casi por unanimidad y en el que se acusó a Boggiano por 14 cargos, fue tomada la semana pasada en la reunión del bloque mayoritario del PJ.
Este tema originó fuertes cruces verbales entre un alto funcionario que mantuvo su nombre en reserva, los miembros de la comisión parlamentaria y el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto.
La disputa, que puso en evidencia la existencia de una interna oficialista, comenzó cuando un funcionario nacional dejó trascender que el presidente Néstor Kirchner no veía con buenos ojos el avance de las acusaciones contra Boggiano.
La versión no fue desmentida por ningún integrante del Ejecutivo, sino por el titular del bloque de diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, quien habló minutos después de haberse reunido con Kirchner en la Casa Rosada.
Pero el escenario se complicó aún más cuando Pichetto dijo que las acusaciones contra Boggiano eran un tema "agotado", mientras que el titular de la Comisión de Juicio Político, el peronista tucumano José Falú, defendió enfáticamente la postura del cuerpo que preside.
Pocos días después del enfrentamiento público, la comisión parlamentaria acusó al ministro por un total de 14 cargos, entre los que se encuentra el de "mal desempeño de sus funciones" en perjuicio del Estado.
El conflictivo asunto había sido incluido en el temario de la sesión del pasado 24 de noviembre, pero no fue tratado en el recinto y sobre eso existen dos versiones.
Según la secretaria parlamentaria del bloque del PJ, Graciela Camaño, el dictamen fue incluido en el temario pero no fue tratado porque "no había sido impreso" y los diputados no tenían el texto en su poder.
Explicó que de haber sido tratado habría transgredido una norma del reglamento del cuerpo que indica que para que un proyecto sea debatido en el recinto "deben pasar siete días corridos desde su impresión".
"No queríamos que esa falta al reglamento pudiera haber sido utilizada para anular el procedimiento", indicó Camaño a la agencia Noticias Argentinas.
Pero otros diputados del PJ y de la oposición tienen una visión distinta y hablan de "presiones del Gobierno nacional" para retrasar el tratamiento del tema.
Algo de eso se notó en la cara preocupada de Falú, que el pasado 23 de noviembre aguardaba con impaciencia en el Salón de Pasos Perdidos el resultado de la reunión parlamentaria donde se debatían las iniciativas que serían incluidas en el temario de la sesión del día siguiente.
La preocupación de Falú no era en vano, porque el dictamen con las acusaciones contra Boggiano -entre las cuales se encuentran las mismas que posibilitaron la destitución de Eduardo Moliné O'Connor- fue ubicado en noveno lugar, una posición que hacía casi imposible su debate.
"Se va a tratar en la próxima sesión", afirmó uno de los diputados que integró el ahora diluido Grupo Talcahuano, que supo alinearse con Kirchner, pero que a partir de la tensión originada por el pedido de juicio político contra Boggiano tomó alguna distancia.
La seguridad del diputado peronista tiene que ver con que la propia Camaño anunció la decisión de tratar el tema en la sesión del pasado 1 de diciembre y el resultado de la reunión peronista.
"Se decidió en el bloque, después de un planteo de (Gerardo) Conte Grand y nadie dijo que estaba en contra, pero la realidad es que si no se planteaba no salía", agregó el legislador.
La seguridad del diputado peronista tiene que ver con que la propia Camaño anunció la decisión de tratar el tema en la sesión del pasado 1 de diciembre y el resultado de la reunión peronista.
