Por primera vez desde la vuelta de la democracia, el Senado se vio obligado a postergar la sesión de ayer como consecuencia de un conflicto gremial que derivó en el "copamiento" del recinto por parte de empleados legislativos.
Finalmente el conflicto quedó superado a medianoche, al decidir los empleados levantar la medida de fuerza que mantenían en el Congreso.
El inédito conflicto hizo que autoridades del Senado postergaran para hoy la sesión prevista para tratar el pliego del jurista Ricardo Lorenzetti, propuesto por el gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Además, el cuerpo tenía previsto debatir la prórroga de una batería de leyes impositivas que le permiten actualmente al gobierno recaudar casi 9 mil millones de pesos.
Como consecuencia del conflicto, también pasó para hoy el trámite para dar ingreso formal a los ascensos de 280 militares y diplomáticos, según se informó oficialmente.
Empleados legislativos, nucleados en ATE y en la Asociación del Personal Legislativo (APL), ocuparon el recinto para solicitar un aumento salarial de 200 pesos, desde enero hasta marzo, según explicó el secretario general de APL, Norberto Di Próspero.
El gremialista explicó que en marzo está previsto que las autoridades del Congreso y los sindicatos se reúnan para redefinir los escalafones del personal legislativo, y sus respectivos salarios, por lo que el aumento de 200 pesos que reclamaban era sólo hasta esa fecha y no tenía carácter remunerativo.
El conflicto se desató a raíz de que las autoridades de ambas cámaras ofrecían sólo 100 pesos, cifra pactada por las partes unos meses atrás.
La decisión de levantar la medida de fuerza fue adoptada cerca de la medianoche en una nutrida asamblea convocada por los trabajadores en pleno recinto de la Cámara alta, donde se informó acerca de los alcances del acuerdo y se resolvió desalojar las instalaciones del edificio que permanecían ocupadas.
En tanto, en la Cámara de Diputados los empleados ingresaron al recinto, aunque luego de una reunión entre Di Próspero y el titular del cuerpo, Eduardo Camaño, se retiraron y los legisladores pudieron aprobar el proyecto que unifica las elecciones nacionales de 2005. No obstante, el reclamo sindical alteró los ánimos de Camaño -quien prestó atención al diputado justicialista Guillermo Johnson-, que advirtió que la medida de fuerza podría ser "denunciada penalmente".
En efecto, los empleados legislativos podrían haber sido denunciados penalmente por el delito de acción pública, que castiga con prisión a quienes obstruyen el funcionamiento del Congreso.
"Tomen nota de quienes están dentro del recinto", ordenó Camaño y unos minutos después acordó con Di Próspero que los empleados se retirarían del lugar, lo que permitió realizar la sesión de Diputados.
En tanto, unos 130 legisladores se encontraban desde la mañana en el recinto, a la espera de que comenzara la sesión que se había iniciado el martes. La mayoría de los que estaban sentados en sus bancas eran diputados peronistas, aunque también se encontraban los radicales, liderados por Horacio Pernasetti, y varios "transversales", encabezados por Miguel Bonasso y Francisco "Barba" Gutiérrez.
Los diputados aristas, socialistas, de Izquierda Unida y de Autodeterminación y Libertad no ingresaron al recinto y muchos de ellos se encontraban entre los empleados legislativos, que se mantenían en estado de "asamblea permanente".
