“Es una obstrucción seria al orden institucional y al funcionamiento de las instituciones de la democracia, tal como lo establece el artículo 36 de la Constitución”, enfatizó Sabsay, advirtiendo que “toda protesta de tipo gremial, o todo derecho de ejercicio de la petición de las autoridades, debe siempre manejarse dentro del límite que son la Constitución y las leyes”. Sabsay usó el término “gravedad inusitada” para definir los hechos, a los que caracterizó como “una señal pésima, me parece que es un precedente abominable, y que además es una manera de ir pisoteando las instituciones de la República si se permiten este tipo de excesos”.

Sabsay consideró que los presidentes de ambas cámaras debieron haber hecho la denuncia correspondiente, y se mostró sorprendido de que “no hayan iniciado todavía ningún tipo de acción los fiscales de la República”. Sugirió que el Ministerio Público debió haber actuado de oficio, ante lo que ve como un “flagrante delito”.

“¿Qué más que estar sentados en las bancas de un poder del Estado, impedir que en las mismas sesionaran quienes tienen título habilitante y demorar de una manera tan grave el calendario legislativo de nuestra Nación, en un momento tan importante del año, como es la finalización del mismo”, se preguntó.