La ley de "reparación del exilio argentino" será uno de los temas que debatirá el Senado cuando se inicien las sesiones ordinarias de este año, ya que sólo basta determinar el monto aproximado que tendrá que salir del Estado para cumplir con esta indemnización.
Sin embargo, este punto parece ser el más complicado de resolver y será misión de la comisión de Presupuesto, presidida por el justicialista Jorge Capitanich, saltear este escollo.
El proyecto ya cuenta con la aprobación de las comisiones de Asuntos Legales y Penales y la de Derechos y Garantías, y fue intención de los senadores que sea tratado sobre tablas en la última sesión de 2004, pero los tiempos legislativos lo impidieron.
La iniciativa, tal como fue presentada originalmente en 1997 por el entonces diputado -hoy senador- Marcelo López Arias, fue modificada y admite la alternativa de probar el exilio mediante una declaración ante un juez federal si no se tiene constancia del Alto Comisionados de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ni del país de acogida. Además "contempla la reparación de los hijos de exiliados nacidos durante el período de exilio de sus padres" y que el período de vigencia para reclamar la reparación es de 2 años".
El texto del proyecto, presentado nuevamente en 2003, indica que "serán beneficiarios los argentinos nativos o por opción, y los extranjeros con residencia en el territorio nacional o, en caso de fallecimiento, sus derechohabientes, que durante el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan estado exiliados por razones políticas".
Otro artículo del proyecto establece el parámetro que se utilizará para determinar cuál será el monto a percibir, que varía según el tiempo de exilio, y según estimaron fuentes parlamentarias sería de un promedio de 1.000 pesos mensuales.
La indemnización para exiliados políticos fue un compromiso del presidente Néstor Kirchner ante la Comisión de Exiliados Políticos de la República Argentina (COEPRA).
Si bien no existen en el país datos oficiales sobre la cantidad de personas que debieron exiliarse durante la última dictadura, el ACNUR tiene registradas 4 mil personas y la COEPRA estima que el total de exiliados supera los 8.
La iniciativa legislativa tiene su correlato en el Poder Ejecutivo, el que mediante decretos contempla una "reparación integral" para quienes tuvieron que exiliarse. Tal es el ejemplo del decreto 1601 que reconoce la nacionalidad argentina a los niños que nacieron en el exterior debido al exilio de sus padres.
