Ibarra admitió que el cuerpo de inspectores de la Ciudad era "un nido de corrupción", y tras no descartar "ninguna hipótesis" por la falta de controles en República Cromañón, se defendió enumerando las clausuras a locales bailables en 2004.

En un extenso informe frente a los legisladores sobre los antecedentes del sistema de inspectores, Ibarra citó incluso al ex intendente Carlos Grosso al recordar que lo había calificado como "un nido de corrupción". En ese marco, Ibarra pidió a los legisladores que "si tienen datos" sobre eventuales hechos de corrupción "lo denunciemos todos juntos a la justicia porque no se puede aceptar la duda".

Un total de 526 agentes de la Policía Federal y un vallado que rodeó la sede de la Legislatura porteña formó parte del operativo dispuesto desde el mediodía para garantizar que se desarollara sin incidentes el informe del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.

"Yo nunca pacté con la corrupción, tomé decisiones en esta área que nunca antes se habían tomado", se defendió esta tarde el jefe de Gobierno ante familiares de las víctimas de Cromañón y legisladores porteños, tras anunciar que en breve el BID le otorgará un crédito de "700 mil dólares para impulsar un proceso de modernización" en el sistema de inspecciones.

Ibarra admitió "las falencias que tenía el área" al momento de la tragedia del 30 de diciembre, aunque ensayó una defensa de su gestión enumerando una larga lista de "intimaciones y clausuras" a sitios donde se realizaban recitales, que violaban las normas para prevenir incendios.

Recordó luego que el 10 de noviembre de 2003 disolvió el cuerpo de inspectores municipales y puso "en disponibilidad a todos aquellos de los cuales Grosso había dicho que era un nido de corrupción", entre los que mencionó a "300 inspectores y 200 ex empleados administrativos".

"Siempre en esta Ciudad de Buenos Aires se asoció inspector municipal con corrupción, sin importar el color político" de la administración de turno, insistió Ibarra en otro tramo de su discurso antes de que comience el interrogatorio de los legisladores.

No obstante, admitió que "frente a la tragedia" de Cromañón, todas las modificaciones que impulsó en el cuerpo de inspectores municipales, están "signados con la característica del fracaso, porque de nada valen no sólo las palabras, sino también ninguna medida, cuando murieron casi 200 personas en un local de esta ciudad".

Tras detallar las modificaciones efectuadas en noviembre de 2003 en el cuerpo de inspectores, Ibarra admitió su responsabilidad por las "graves falencias" en los controles para prevenir incendios en locales bailables.

"Aquí hay una grave falencia y me hago cargo como jefe de Gobierno de esa grave falencia. Nunca hubo en esta ciudad de Buenos Aires inspecciones sorpresivas coordinadas con bomberos y el Gobierno de la ciudad para que, si algún propietario de boliches tenía la irresponsabilidad de modificar las condiciones de seguridad, tuviera una clausura inmediata", advirtió.

Tras confirmar que República de Cromañón tenía su certificado de habilitación "vencido al 20 de noviembre" de 2004, agregó que desde su gobierno también "somos concientes" de que la tragedia "podría haber ocurrido antes, aún con el certificado (de habilitación de Bomberos) vigente".

Ibarra también dedicó un tramo de su informe para responder a las denuncias del ombudsman adjunto de la Ciudad, Atilio Alimena, sobre la violación de normas de seguridad en locales bailabes, y dijo que a partir de esos datos, el año pasado su administración procedió "a 1200 clausuras".

Detalló que su administración realizó 16 mil inspecciones en 2004, pese a lo cual se produjo la tragedia de Once. Además, informó que el año pasado se realizaron en la ciudad 222 inspecciones a locales bailables y se practicaron 119 clausuras, se labraron 162 cédulas de intimación y 148 actas de comprobación.

Sin embargo, aclaró que "Cromañón no era un local conflictivo" y "no tenía ninguna denuncia".

También explicó que el año pasado su administración otorgó "107 permisos" para la realización de recitales y espectáculos masivos en distintos lugares de la ciudad, donde participaron "2,3 millones" de espectadores en los que no hubo problemas.

En su búsqueda por compartir responsabilidades, Ibarra también apuntó contra "jueces" que otorgaron "amparos" a los locales clausurados por no cumplir con las exigencias para su habilitación y medidas de seguridad.

La enumeración de Ibarra comenzó con el caso del local Chicharrón, que en febrero de 2004 fue cerrado porque, entre otras irregularidades, tenía "la salida de emergencia" cerrada "con dos candados. Después -agregó el jefe de Gobierno- vino un amparo judicial ordenándonos levantar la clausura".

"Hoy creo que a ningún juez se le ocurriría dar una medida cautelar y ordenar al Gobierno de la Ciudad a reabrir un local bailable que tenía cerrado con dos candados la puerta de emergencia", concluyó el jefe de Gobierno.

Ibarra dijo antes de cerrar su exposición ante la Legislatura, estar "comprometido en averiguar hasta lo último de la verdad" sobre lo ocurrido en la tragedia. "Necesitamos saberlo, sea quien fuere el responsable. En esto le doy mi palabra como jefe de gobierno", afirmó.

Al hablar en la Legislatura, Ibarra sostuvo que la tragedia de Once "es un dolor que nos va a sacar nadie", pero dijo que "no podemos hacer ninguna especulación ni descartar ninguna hipótesis".

"No nos podemos permitir que esto se olvide, que esto baje de intensidad", afirmó.

Antes de concluir su informe, Ibarra dijo que seguridad en locales "no estaba en la agenda"

Aseguró que el problema de la seguridad en los locales de baile "no estaba en la agenda" de la ciudad e incluyó en el déficit a "las plataformas" de sus contrincantes en la disputa electoral: Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

En su reparto de responsabilidades, Ibarra recordó que el anterior ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Gustavo Beliz, estuvo dos veces en la Legislatura porteña y hubo "cero" preguntas sobre la situación de los locales bailables.

"Ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri", incluyó el jefe de Gobierno, al advertir sobre la ausencia del tema en la agenda política de la ciudad y sugirió a los legisladores que "busquen en los debates, en las plataformas (de los últimos comicios porteños) qué referencia había a las discotecas o a la seguridad" en los locales bailables.

"Ahora pareciera que esto fue la agenda de siempre" pero los temas de seguridad se referían "a secuestros y a los robos", aseveró.

Asimismo, afirmó que el local República de Cromañón "no era conflictivo" y "no tenía ni una denuncia en su contra", pero dijo que "no se puede descartar ninguna hipótesis" sobre las causas por las cuales "en todo el año 2004 no fue ningún inspector".

Ibarra señaló que se hace "cargo como jefe de Gobierno que los inspectores no fueron durante el año 2004" a controlar el local donde se desató la tragedia el 30 de diciembre.

Finalmente, pidió a los legisladores que "si tienen datos o certezas" sobre algún hecho concreto de corrupción "vamos juntos a la justicia a denunciarlo porque no podemos tolerar ni siquiera la duda, tenemos que tener un compromiso con la investigación".

Ibarra, cuestionó por "contradictoria" y "obsoleta" las normas que regulan el sistema de control de los locales bailables. De esa forma, el funcionario buscó compartir con la Legislatura las responsabilidades por las deficiencias en la regulación de los lugares habilitados para realizar recitales.

Ibarra recordó que existen normas que provienen de 1910 y otras, como las que regulaban a Cromañon, existentes desde la década del 60.

"Quiero decir que nos manejamos con normas que provocan la ilegalidad, con normas contradictorias. Frente a la tragedia de Cromañón no podemos caer en la formalidad porque no tenemos legislación moderna", afirmó.

Ibarra ejemplificó que la legislación actual determina que los locales bailables deben cerrar a las 4 de la mañana y que la matinée, para menores, a las 22, pero reconoció que ambas exigencias se violan sistemáticamente.

Al extender las responsabilidades, el jefe de Gobierno aseguró que "todos los legisladores veían como normal que se hicieran recitales" en los locales bailables y al fundar el carácter "obsoleto" de las normas advirtió que la legislación actual todavía responde al "concepto de variedades" que aludía a "la vieja orquesta".