La diputada radical Margarita Stolbizer solicitó, mediante un proyecto de ley, que Fernández aclare "cuál ha sido el monto de recursos del Estado aportados durante el año 2004 a la empresa Southern Winds, por qué conceptos, bajo qué condiciones y sujeto a qué rendiciones o controles".

También reclamaron la presencia del jefe de Gabinete en el Congreso el jefe del bloque de diputados del ARI, Eduardo Macaluse, y el líder de Recrear, Ricardo López Murphy.

Por su parte, el senador nacional Rubén Giustiniani presentó un proyecto de resolución solicitando la presencia del ministro de Defensa, José Pampuro, para que informe "sobre las irregularidades detectadas en los controles del aeropuerto de Ezeiza que involucran a funcionarios dependientes" de la cartera que dirige.

En la presentación realizada por Stolbizer se solicita a Fernández que describa qué "relación ha tenido en el último año la empresa SW con el Estado a través de la Secretaría de Turismo de la Nación", a raíz de la contratación por parte del organismo de cuatro ex ejecutivos de SW. Otra de las dudas que planteó la diputada radical por Buenos Aires en el proyecto tiene que ver con el domicilio legal de la línea aérea.

"Por qué razón el domicilio constituido de Southern Winds está fijado en calle Suipacha 1111, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la sede de la Secretaría de Turismo de la Nación", se preguntó la legisladora en otro párrafo del pedido de interpelación.

Las preguntas al jefe de Gabinete tienen su origen en la alianza comercial que celebró el Gobierno de Néstor Kirchner con SW, para que la aerolínea privada opere en conjunto con al estatal Lafsa. Sobre este acuerdo, la iniciativa solicitó al funcionario que explique cuál es el costo del subsidio por combustible que paga el Estado a SW, como parte del acuerdo.

En la propuesta se pidió a Fernández que también aclare "por qué razón el Gobierno le dio la licencia de explotación de la ruta aérea a Madrid a SW, pese a no tener un mercado interno consolidado".

Por su parte, Macaluse dijo que "la decisión del Presidente de desautorizar al ministro de Defensa hace imprescindible que sea un hombre de confianza de Kirchner el que explique en el Congreso cuál es la política oficial en el área".

"Si Fernández no viene a dar explicaciones al Congreso, o no tienen dimensión de los hechos o los están tapando y esto va a determinar si la Argentina va a seguir la política hipócrita de perseguir a los consumidores mientras protege o consiente a los narcotraficantes", enfatizó Macaluse.