El tratamiento del proyecto de ley del impuesto al gasoil, previsto para el próximo jueves en el Senado, puede postergarse debido a las dudas entre los legisladores sobre el traslado de la nueva alícuota al precio final del combustible, que afectaría principalmente a los transportistas y a los productores agropecuarios.
En cambio, el marco regulatorio para la venta y fraccionamiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP), que se comercializa en garrafa, contaría con la aprobación de la Cámara alta, lo que lo convertiría en ley el jueves, ya que cuenta con la media sanción de Diputados.
El presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, el justicialista santacruceño Nicolás Fernández, reconoció que por el nuevo impuesto "hay diferentes matices", y dijo que "es lógico que el Poder Ejecutivo le ponga un marco al manejo impositivo de los combustibles".
"El Estado nacional propone una modificación en la base impositiva y garantiza que no tendrá traslado a precio. Las grandes operadoras tendrán que absorber este porcentaje, que incidiría en menos de dos centavos en el precio del gasoil", relató Fernández.
Sin embargo, las dudas se plantean en torno a la seguridad de que la alícuota del 20,20 por ciento del impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o a la importación de gasoil no sea trasladada al precio final del combustible. Detrás de esta duda se encolumnan radicales, partidos provinciales y algunos justicialistas de provincias que vieron mejorada su fuente de ingresos gracias al crecimiento de la actividad agropecuaria, cuyas maquinarias funcionan a gasoil.
"A las petroleras este impuesto les representa alrededor de 150 millones de dólares por ejercicio. Lo que puede ocurrir es que empiece a invertir menos dinero que lo que cuesta el impuesto y comiencen a generar sombra sobre si esto va a tener o no impacto en el precio del combustible", precisó un senador justicialista que pidió el anonimato.
