El Senado convirtió en ley el Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas Licuado de Petróleo (GLP), pero volvió a postergar el tratamiento del proyecto sobre el impuesto al gasoil, que será discutido la próxima semana.
Tras un extenso debate que giró sobre el artículo 14 de la norma que regula la comercialización de GLP, el justicialismo no pudo hacer pesar su número y, merced a la oposición del radicalismo y de los provinciales, no obtuvo por tres votos (35 a 22) los dos tercios necesarios para que el proyecto estableciera que las garrafas pertenecen a los fraccionadores y no, como regresó el pliego desde Diputados, a su comprador.
Según la norma aprobada, el valor del gas en garrafa "no podrá superar los precios de paridad de exportación", y deberá contemplar los costos de producción y distribución. Con esto, la ley busca garantizar el precio del gas en garrafa, un insumo utilizado por más de 13 millones de argentinos, de los cuales 10 millones de ellos se encuentran bajo la línea de la pobreza.
La iniciativa fue votada por amplia mayoría en general pero que tuvo resultados dispares y ajustados en su tratamiento en artículo por artículo.
El proyecto tuvo en el Senado su cámara de origen y luego fue modificada en Diputados por lo que luego volvió a la Cámara alta.
El bloque oficialista del Senado no logró insistir en la sanción original del articulo 14, que obliga a los usuarios a vender sus garrafas a las empresas fraccionadoras, quedando la sanción de Diputados que establece la libre circulación de las mismas.
Este punto, el más duro durante del debate, derivó en una votación perjudicial para el oficialismo, que no logró juntar los dos tercios necesarios para insistir con el artículo original.
La votación del artículo 14 cosechó 35 a favor del texto del Senado y 22 votos en contra, de la UCR, de los bloques provinciales y de los senadores justicialistas Eduardo Menem (La Rioja) y Sonia Escudero (Salta). Este traspié del oficialismo se suma al fracaso en su intento de tratar en la misma sesión la norma que aumenta el impuesto al gasoil, una ley resistida por la oposición y por los sectores ligados al campo.
El nuevo marco regulatorio establece, asimismo, un fondo fiduciario para subsidiar el precio de las garrafas para los sectores más vulnerables. También la norma asegura la libre competencia entre los operadores de gas en garrafa, aunque este punto quedará en la practica minimizado al ser este un sector con características de oligopolio.
Además, la iniciativa reduce en un 50 por ciento el IVA para toda la cadena de comercialización de GLP.
El bloque justicialista del Senado volvió a fracasar en su intento de dar luz verde al proyecto que incrementa del 18,5 al 20,2 por ciento el impuesto al gasoil para subsidiar el transporte público automotor, de carga y ferroviario.
Por cuarta vez consecutiva, la oposición de la UCR y de varios legisladores del PJ -entre ellos los representantes de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis- hizo que el jefe del PJ, Miguel Angel Pichetto, pidiera la postergación del debate hasta la semana próxima. Según la oposición, y las entidades del agro, el aumento impositivo impactará en el precio final del combustible, vital para el funcionamiento de la actividad agropecuaria.
En este sentido, la Sociedad Rural Argentina estimó que una posible suba del precio final del gasoil podría generar un perjuicio de 80 millones de pesos por año para el campo.
Aunque Pichetto reconoció que la ley es "importante" para el Gobierno, la resistencia de la oposición y de sus propios colegas de bancada imposibilitó que el oficialismo lograra juntar los 37 votos necesarios para dar luz verde a la norma.
Al momento de postergar el debate, Pichetto aclaró que la suba del impuesto "no tendrá incidencias en el precio final del combustible" y pidió a la oposición un "esfuerzo" para debatir la ley.
