El Senado aprobó el proyecto de Ley que convierte la tasa vial del 18,5 por ciento sobre el gasoil en un impuesto del 20,2 por ciento, mientras en la Cámara de Diputados se discutía el proyecto para suprimir los gravámenes por cuatro meses a la importación del fluido.
Según la ley, que cosechó 38 votos a favor y 24 en contra, la recaudación adicional por el aumento del gravamen se destinará para subsidiar al transporte público automotor, de carga y ferroviario.
El aumento del impuesto al gasoil se concretó justo en el momento en que dos petroleras -Esso y Shell- dispusieron un aumento en el precio de sus combustibles, lo que generó, paradójicamente, una dura respuesta del Gobierno. Si la Cámara baja aprueba la norma, el interrogante es si Repsol YPF y Petrobras, los grandes jugadores del mercado de hidrocarburos local, mantendrán su decisión de no aumentar el precio del gasoil o deberán hacer un ajuste.
Sin embargo, el oficialismo hizo una cerrada defensa del proyecto -criticado por la UCR y por el Interbloque Federal de partidos provinciales-y logró una ajustada aprobación, luego de fracasar en cuatro oportunidades.
Tras intentar por quinta vez aprobar el proyecto, el justicialismo logró imponer su número y ahora la iniciativa debe volver a la Cámara de Diputados, ya que fue modificado el artículo cinco de la norma que establecía que el nuevo impuesto no puede ser trasladado al precio de venta.
En tanto, los legisladores de la Cámara alta pasaron a un cuarto intermedio, a la espera de la aprobación en Diputados del otro proyecto que exime de impuestos al importación de combustibles, con el fin de convertirlo en ley por la madrugada.
La votación se produjo al mismo tiempo que la Cámara de Diputados discutía el proyecto que permite la importación del gasoil sin pagar los impuestos del ITC por cuatro meses, con el fin de contrarrestar los aumentos dispuestos por Shell y Esso y garantizar la cosecha gruesa que ya comenzó.
El proyecto contaba con el respaldo del justicialismo y del radicalismo y se encaminaba a ser sancionado. El tratamiento de esta iniciativa pudo lograrse luego de que el oficialismo logró imponer su mayoría para descomprimir la ofensiva de la oposición.
La iniciativa fue defendida en el recinto por el diputado Jesús Blanco, titular de la Comisión de Energía de la Cámara baja, quien destacó la importancia de sancionar el proyecto y advirtió sobre el peligro de desabastecimiento de gasoil para levantar la cosecha gruesa.
Desde el radicalismo, el mendocino Víctor Fayad anticipó que su bloque votará favorablemente sobre el proyecto, aunque consideró que "la crisis energética se va a seguir agravando porque se trata de medidas espasmódicas".
La iniciativa tuvo el dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comercio, en un plenario realizado ayer que contó con la presencia del subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, y la asistencia de unos cincuenta legisladores de diferentes bloques.
El proyecto autoriza al Gobierno a eximir a las petroleras del pago del impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por hasta 500.000 metros cúbicos, equivalentes a 500 millones de litros.
A la hora del debate en el Senado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista chaqueño Jorge Capitanich, defendió el proyecto diciendo que "si no hay financiamiento para el transporte público de pasajeros, hay aumento de tarifas".
Asimismo, el senador aseguró que "no debe haber aumento de tarifas" por el aumento del impuesto, "porque se cambia la base de imposición. Aplicado al valor de referencia de 796 milésimos, 20,2 por ciento no debería incrementar los precios".
Por su parte, el salteño Marcelo López Arias aseguró que "no hay aumento de alícuota real" y adelantó que "este Senado tomará todos los reaseguros necesarios para que nadie pueda avivarse y tomar esto como un impuesto inflacionario".
El senador cordobés Roberto Urquía propuso modificar el artículo cinco de la norma, agregándole una salvaguarda para no trasladar el aumento del impuesto al precio final.
El artículo dice que "la alícuota del impuesto será del veinte con veinte centésimos por ciento" y el agregado propone que "la variación nominal en la alícuota del impuesto respecto a la aplicada en virtud del decreto 652/02 no podrá trasladarse en ningún caso al precio de venta del gasoil".
En cambio, el radical mendocino Ricardo Sanz adelantó que su bloque iba a votar en contra de "cualquier aumento de la alícuota del impuesto a este combustible que tiene fuerte relación con las actividades productivas y el transporte, porque sin ninguna duda será trasladado al precio final".
Además, Sanz subrayó que "está reapareciendo en la Argentina un germen que ha destruido no sólo gobiernos, sino los cimientos de la sociedad: la inflación".
También rechazó el proyecto el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, quien llamó la atención de que "no hay distribución de recursos con criterio federal" y el del socialista Rubén Giustiniani, quien consideró que "se está creando una nueva oportunidad para aumentar los precios de todos los productos".
