El bloque del PJ de la Cámara de Diputados hizo enormes esfuerzos, que incluyeron numerosos llamados telefónicos para convocar a legisladores ausentes, pero no logró convertir en ley dos convenios antiterroristas reclamados por el Gobierno a instancias de los Estados Unidos.
El fracaso de la sesión de la Cámara baja se produjo hacia las 3.30 de la madrugada, cuando sólo quedaban en sus bancas menos de cien diputados, entre peronistas, radicales, algunos aristas y otros tantos socialistas.
Los convenios sobre terrorismo -que deben ser ratificados por el Parlamento para adquirir status de ley- forman parte del paquete de "leyes antiterroristas" que impulsa el gobierno de los Estados Unidos.
La ratificación de los convenios internacionales había sido solicitada semanas atrás en el Congreso por el Canciller, Rafael Bielsa. Se trata de dos iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado y ratifican convenios internacionales.
Ambos proyectos son cuestionadas por los partidos de izquierda que habían manifestado su rechazo a estos convenios cuando el oficialismo intentó debatirlos a fines del año pasado en la cámara baja.
La defensa de su aprobación estuvo a cargo del titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja, el justicialista Jorge Arguello, quien destacó que los convenios buscan "reforzar los mecanismos de prevención" en la lucha contra el terrorismo.
"La inacción es el suicidio. Ratificando estas convenciones estamos ratificando el involucramiento de nuestro país en este debate, lo contrario es quedar afuera de las cosas que el mundo debate hoy", aseveró Arguello en su exposición.
Con 129 diputados presentes, reunidos tras insistentes y persuasivos llamados telefónicos, el titular del cuerpo, Eduardo Camaño, dio inicio a la sesión donde se aprobó la exención de impuestos a la importación de gasoil, una medida reclamada por los productores agropecuarios.
De todos, la Cámara baja no logró votar los convenios antiterroristas y la sesión se cayó después de que la secretaria del bloque peronista, Graciela Camaño, se cansara de hacer infructuosos llamados telefónicos a sus pares ausentes.
Entre los discursos más críticos estuvo el del diputado nacional de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, que habló durante más de una hora, y consideró que los proyectos "no pretenden terminar con el terrorismo", a la vez que atribuyó el debate de la iniciativa al "interés" de Estados Unidos.
"¿Ustedes se juntarían con Martínez de Hoz para luchar contra la pobreza?", se preguntó el legislador, que protagonizó un fuerte cruce con el justicialista por Corrientes, titular de la comisión de Derechos Humanos, Hugo Perié y que provocó la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien exhortó a Zamora a concluir su discurso.
El diputado macrista Federico Pinedo manifestó su apoyo a los convenios, aunque destacó la necesidad de "mantener el principio de territorialidad" y que "los crímenes cometidos en la Argentina sean juzgados aquí".
A su turno, la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh consideró que "alinearse con las órdenes de Bush significa fortalecer el terrorismo en el planeta y avalar violaciones a los derechos humanos y genocidios".
La arista Marta Maffei atacó, a su turno, los dos textos, al preguntarse: "¨Qué pasó en Faluja? ¿Qué pasa que el terrorismo de Estado quiere silenciar a los testigos y si no pregúntenle a la periodista italiana (Giuliana Sgrena), que tenía los testimonios de lo que pasa en Irak?".
Desde el radicalismo, el vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Federico Storani, señaló que "existe un nexo muy fuerte entre terrorismo y narcotráfico" y dijo que "llama la atención que el gobierno nacional traiga estos proyectos cuando acaba de ocurrir el peor escándalo de narcotráfico".
"Se propagandiza que no les tiembla el pulso para investigar pero se niegan a traer a funcionarios a informar", aseveró Storani, al hacer referencia a la postura de la UCR de solicitar la presencia en el recinto de la cámara baja de miembros del gabinete por el tráfico de drogas a España.
El primero de los proyectos ratifica la Convención Interamericana contra el Terrorismo, firmada en Barbados, en 2002 que establece medidas de endurecimiento contra el delito en aviones y aeropuertos, acompañadas de sanciones más duras para el financiamiento del terrorismo en la región.
Este proyecto fue cuestionado por la oposición que criticó el artículo que establece que cada Estado que forme parte del Convenio "adoptará las medidas que corresponda" a fin de asegurar que "el asilo no se otorgue a las personas" que hayan participado de actos terroristas.
El otro proyecto aprobado esta madrugada ratifica el Convenio Internacional para la Represión del Terrorismo, acordado en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1999, que apunta a encuadrar en un marco mundial los parámetros de la represión y el financiamiento de actos de terrorismo.
Se trata de un convenio que fue propuesto por Francia, en el marco del Comité Especial sobre Terrorismo de la Asamblea de la ONU, y que tiene como objetivo unificar criterios sobre la lucha contra el terrorismo y facilitar de esa forma su tratamiento.
