Los diputados nacionales avanzarán en abril en el tratamiento de un proyecto de ley que repara económicamente a los ciudadanos que debieron exiliarse, por las persecuciones que sufrieron por su actividad política, a mediados de la década del 70.
La propuesta es dar una indemnización a las personas que puedan comprobar que debieron irse del país entre el 6 de noviembre de 1975 -último tramo del gobierno constitucional de Isabel Perón- y la dictadura militar que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983, por razones políticas. De esta manera, el Congreso concluirá con el sistema de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado como ya sucedió con las leyes que reparó económicamente a los detenidos, a los familiares de desaparecidos y a los hijos nacidos en cautiverio.
La propia Corte Suprema de Justicia falló a favor el año pasado a favor de pagar una indemnización a Susana Yofre de Vaca Narvaja, exiliada en México, con lo cual modificó su postura de solo reconocer una reparación a los exiliados que previamente estuvieron detenidos. En ese sentido, el autor del proyecto, el senador Marcelo López Arias, destacó que con esta ley se pretende "completar la normativa de reparación para quienes fueron víctimas de la violencia" por razones políticas porque "aún falta cerrar este capítulo legislativo con la reparación a aquellos que sufrieron el exilio".
Al respecto, el presidente del bloque de diputados nacionales del PJ, José María Díaz Bancalari, calificó de "idea interesante" a la posibilidad de que el Estado otorgue dinero a quienes estuvieron exiliados durante la última dictadura militar, pero aclaró que a la iniciativa "aún le queda un largo camino" para ser convertida en ley.
Si la propuesta logra "luz verde" del Parlamento, el Estado debería desembolsar más de mil millones de pesos para cumplirla, de acuerdo con estimaciones extraoficiales.
"Esta es una idea interesante, pero está en etapa de análisis. Aún no salió de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Y le queda un camino largo por recorrer" para convertirse en ley, indicó Díaz Bancalari.
El legislador puntualizó que los temas que más debate generarán en torno al proyecto pasarán por su financiamiento y por "cómo determinar fehacientemente quiénes fueron los compatriotas que debieron exiliarse" durante la época del terrorismo de Estado.
La propuesta ya cuenta con la aprobación del Senado y contempla no sólo a los expatriados, sino también a los menores que nacieron en el extranjero por la persecución que sufrieron sus padres.
La iniciativa sancionada en los primeros días de marzo en la Cámara alta contempla otorgar una indemnización de 74,66 pesos por día, como se contempló en los casos anteriores. En este caso, el beneficio puede abarcar a unas 5 mil personas, según estimaron fuentes parlamentarias.
En la década del 90 se pagaron sumas que rondaron los 220 mil pesos en bocones.
