Buscan terminar por ley con las demandas ante la CIADI

El Senado tiene en estudio dos proyectos de ley que apuntan a desestimar como jurisdicción al tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, para la causas presentadas o a presentar por empresas privatizadas contra el Estado argentino.

Ambos proyectos, impulsados por la senadora justicialista Mabel Muller, serán analizados el martes próximo por los legisladores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General, y el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, que concurrirá ese día a la Cámara alta para hacer un informe de su gestión.

El primero de los proyectos modifica la Ley 25.790 que dispone el marco legal para la renegociación de las tarifas y que, de ser aprobado, establecerá que el Estado nacional no debe reevaluar el costo de los servicios de las empresas privatizadas que hayan gestionado reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). "Los concesionarios o licenciatarios deberán comprometerse a mantener indemne al Estado Nacional y a los usuarios de los servicios de todo reclamo o demanda que hayan presentado o pudieran presentar sus accionistas, como también de cualquier otra compensación que pudiera disponerse a favor de ellos", según la iniciativa.

Además, el proyecto determina la participación del Congreso en la discusión de los nuevos esquemas tarifarios en los servicios públicos.

El Poder Ejecutivo "remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación", establece el texto, que sostiene que "dichas propuestas deberán incluir una cláusula en virtud de la cual los concesionarios desistan íntegra e incondicionalmente de todos los derechos que pudieran invocar, como así de todas las acciones entabladas o en curso…".

Voceros del bloque justicialista deslizaron la posibilidad de que este proyecto sea tratado en la próxima sesión, y que la presencia de Rosatti obedece a una decisión del Poder Ejecutivo de brindar impulso a esta norma, de cara a la inminente renegociación de las tarifas.

El otro proyecto establece que "serán inoponibles a la República Argentina aquellos laudos arbitrales que no puedan ser recurridos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

"Prohíbese a todo el Sector Público Nacional prorrogar jurisdicción a favor de tribunales arbitrales, sean estos nacionales o extranjeros, para la resolución de conflictos patrimoniales de cualquier naturaleza", indica el artículo segundo de la norma.

En sus fundamentos Muller sostuvo que "en última instancia, siempre será el más alto tribunal de la Nación quien evaluará los alcances de la política económica". El proyecto también propone que el Ejecutivo debe denunciar en un plazo de treinta días luego de la vigencia de la ley "todos aquellos tratados internacionales de promoción y protección recíproca que en forma recurrente fueron invocados por las empresas privatizadas para iniciar sus reclamos en el extranjero".

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