La ausencia de los integrantes de los bloques mayoritarios del PJ y la UCR de la Cámara de Diputados hizo fracasar hoy la sesión especial que se había convocado para tratar un proyecto que propone derogar un artículo del Código Penal que es "utilizado para castigar" la protesta social.
El plenario contó con la presencia de 20 diputados de diferentes bloques de la oposición y fue impulsado por la legisladora del ARI Lucrecia Monteagudo, quien presentó un proyecto para derogar el artículo 213 bis del Código Penal, "utilizado por algunos jueces para reprimir la protesta social", dijo.
"La derogación del artículo 213 bis (del Código Penal) tiene que ver con dar por descartada, en una sociedad que se dice democrática, la criminalización de la protesta social", sostuvo Lucrecia Monteagudo.
De la sesión participaron diputados del socialismo, la izquierda; el Frente para el Cambio de Alicia Castro; y de Emancipación y Justicia Claudio Lozano, entre otros.
El artículo cuestionado castiga con prisión de tres a ocho años "al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias" que, sin adoptar la figura de asociación ilícita, "tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".
Según distintas organizaciones de derechos humanos, agrupaciones sociales, partidos políticos y sindicatos, en la Argentina "existen más de 4 mil procesados y detenidos para participar en movilizaciones de protesta".
Monteagudo señaló que el artículo 213 bis es utilizado hoy por algunos jueces para reprimir las protestas sociales "abusando de la justificación somera del artículo cuando refiere a 'imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor'".
Ante los diputados del ARI, Izquierda Unida, Autodeterminación y Liberación y Frente para el Cambio, Monteagudo señaló que esa norma fue aplicada para detener y encarcelar a más de 200 manifestantes que en octubre de 2002 participaban de una jornada de protesta en la provincia de Jujuy.
La norma, aprobada en 1974, expresa que "será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este Código tuvieren por objeto principal imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el sólo hecho de ser miembro de la asociación".
"El artículo 213 bis es utilizado por algunos jueces para reprimir aquellas protestas sociales abusando de la justificación somera del artículo cuando refiere a "imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, siendo un elemento abusivo para imponer penas privativas de la libertad en forma indiscriminada", aseveró Monteagudo.
