El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, respaldó la sanción de un proyecto de ley que exigirá a las empresas de servicios públicos que renuncien a sus demandas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, CIADI, previo a la firma de los contratos renegociados.
En cambio, el ministro se mostró contrario en avanzar, como quieren algunos legisladores, en una ley para establecer que la Argentina tenga potestad de revisar los fallos internacionales, ya que, según argumentó, la Corte Suprema tiene la facultad de rever la constitucionalidad de cualquier sentencia.
"Los fallos de los tribunales internacionales pueden ser revisados por los tribunales argentinos sin necesidad de tener una ley porque se puede interpretar como un cambio de las reglas", apuntó, y dijo que la Corte Suprema así lo consideró cuando emitió una sentencia en el caso "Cartelone".
Rosatti expuso su posición en el Congreso en una reunión conducida por el presidente provisional del Senado, Marcelo Guinle, y que contó con la participación del jefe de la bancada del PJ, Miguel Pichetto, y una quincena de legisladores del justicialismo y del radicalismo.
Rosatti calificó además de "buena idea" la posibilidad de reducir de nueve a siete los miembros de la Corte Suprema de Justicia, aunque reconoció que el Gobierno "no evaluó" el tema, aunque aclaró que la posibilidad de reducir los miembros de la Corte -un tema actualmente en estudio en la Cámara de Diputados- no fue evaluada por el Poder Ejecutivo.
"Es un tema de oportunidad, que no evaluó el Gobierno", señaló Rosatti luego de presentarse en el Senado para discutir la sanción de una ley que ponga límites a los juicios que las empresas privatizadas entablaron contra la Argentina en el CIADI, el tribunal arbitral internacional que depende del Banco Mundial.
Rosatti aclaró, sin embargo, que "el Poder Ejecutivo no tiene posición indeclinable de que tienen que ser nueve" los miembros del alto Tribunal.
La posibilidad de reducir el nueve a siete los integrantes de la Corte Suprema se empezó a analizar en la Cámara de Diputados, luego de que varios legisladores presentaran proyectos de ley en este sentido, que todavía no fueron llevados al recinto.
El proceso de juicio político en el Senado al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano, que podría dejar una vacante en el máximo Tribunal, fue la punta de lanza para que varios diputados presentaran iniciativas en esta dirección.
El ministro opinó sobre las dos iniciativas que existen en el Senado en la materia, una para exigir que caiga el litigio cuando se firma el nuevo convenio con cada concesionaria, y otra que apunta a desestimar como jurisdicción al tribunal arbitral del Banco Mundial. En este contexto, el ministro consideró "auspicioso" la sanción del proyecto de la senadora justicialista Mabel Muller en el que se exige a las empresas que firman un nuevo acuerdo que renuncien a sus demandas ante la CIADI porque "no pueden renegociar un convenio con el Estado y estar en litigio con el mismo".
"Es conveniente que previo a la firma de su contrato definitivo se le pida (a la empresa) la renuncia de su parte a las demandas ante el tribunal internacional y que se haga cargo de cualquier demanda de los accionistas minoritarios porque si no se trata de un juego a dos puntas", agregó el ministro, quien encabezó la defensa del primer juicio ante el CIADI en París en agosto pasado y cuestionó la jurisdicción del tribunal.
