Los proveedores de Internet deberán almacenar por diez años toda la información sobre sus clientes, de acuerdo con una ley que fue aprobada por el Congreso Nacional y que ya despertó rechazo desde diversos sectores.
La norma entraría en vigencia desde el 31 de julio y ordena que se almacenen los sitios que visitan los clientes, los correos electrónicos que envíen y reciban y el contenido de los chats en los que participen. El objetivo de la ley, que ya despertó polémica, es guardar esos datos frente a la posibilidad de que puedan ser requeridos por la Justicia.
Según se conoció a través del diario Página 12, la ley fue sancionada sin ser previamente discutida en ninguna comisión y sin debate en el recinto. Y ya despertó polémica desde diversos sectores.
El diputado socialista Jorge Rivas recordó que cuando la ley fue sancionada por el Senado, pidió su derogación porque "viola la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Rivas pidió la modificación de la misma. Actualmente, según recordó Rivas, la intervención de cualquier tipo de comunicaciones sólo puede realizarse "en el momento en que se entabla, siempre y cuando se cuente con la autorización fundada de un juez federal en lo penal con jurisdicción".
"En consecuencia, la interceptación sólo es técnicamente posible desde el momento en que se obtiene esa autorización judicial y hacia el futuro, pero nunca hacia el pasado", afirmó.
Para Rivas, la nueva norma "sometería los actos privadísimos de los hombres a la acción de los magistrados, como si los argentinos viviésemos en una monarquía absoluta del pasado".
