En medio de la polémica que generó la ley que obliga a los proveedores de Internet a almacenar por diez años toda la información sobre sus clientes, el Gobierno advirtió que no se pronunciará y se limitó a sostener que recién tomará una "posición" cuando la Justicia se expida sobre las presentaciones que ya fueron hechas.
En ese sentido, voceros del Gobierno señalaron que "hay presentaciones en la Justicia" sobre el tema en debate, y se aclaró que "hasta que no se expida la Justicia, no habrá pronunciamiento".
Los proveedores de Internet deberán almacenar por diez años toda la información sobre sus clientes, de acuerdo con una ley que fue aprobada por el Congreso Nacional y que ya despertó un fuerte rechazo desde diversos sectores. La norma entraría en vigencia desde el 31 de julio y ordena que se almacenen los sitios que visitan los clientes, los correos electrónicos que envíen y reciban y el contenido de los chats en los que participen.
Diputados encabezados por el peronista Cristian Ritondo tomaron la decisión luego de consultar a varios expertos, quienes coincidieron en que la ley, que entrará en vigencia este 31 de julio, avasalla derechos individuales de los usuarios porque viola la privacidad de las personas, dijeron fuentes parlamentarias.
Ritondo anticipó que trabaja, entre otros, junto al diputado nacional de la UCeDé por Córdoba Mauricio Bossa, en un proyecto que solicita la derogación de la ley "para poner una instancia de discusión previa a la elaboración de una norma correctiva". También el diputado socialista Jorge Rivas pidió la modificación de la norma y recordó que, cuando la ley fue sancionada por el Senado, reclamó su derogación porque "viola la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos", además de otros tratados internacionales.
El ex titular de la SIDE Carlos Soria opinó que la norma es "violatoria de la Constitución" y advirtió que "rastrear un mail implica un mecanismo muy complejo y de una logística costosa que sólo EEUU puede solventar". Otro ex responsable de la Secretaría de Inteligencia, Miguel Angel Toma, se declaró sorprendido por el hecho de que "un gobierno tan progresista, tan preocupado por los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades públicas, no sólo haya aceptado una ley así, sino que además la haya promulgado".
La visión del legislador Jorge Enríquez también fue adversa, pero advirtió que la norma sólo podría aceptarse bajo un "marco de protección que sólo sea habilitado por orden judicial".
Desde el sector empresario, el titular de la Cámara Argentina de Bases de Datos, Patricio Seoanne, explicó que "las exigencias de tener una línea punto a punto entre proveedores de internet y organismos del Estado tiene un costo económico que dejará fuera de juego a muchas pequeñas y medianas firmas".
En otro orden, los empresarios reclamaron a la justicia que especifique a qué funcionarios deberán entregarse los datos filiatorios de sus clientes, porque puede ocurrir que un abonado les inicie un juicio por "ventilar sus datos a un tercero".
Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay calificó como "absolutamente abusiva" a la ley que entrará en vigencia en julio próximo. "No encuentro la fundamentación para una norma tan absolutamente abusiva, que realmente pone a todos los que trabajan por Internet en una situación de estar permanentemente espiados", indicó Sabsay.
El jurista dijo que no ve "cuál es el motivo" para que las autoridades tengan acceso a tal cantidad de datos, "salvo que en el marco de un proceso o investigación se llegue al convencimiento de que haya hechos que pueden ser delictivos".
