El ARI pide el juicio político de Solá y Rivara

El ARI efectivizó la denuncia penal y el pedido de juicio político contra el gobernador Felipe Solá y el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Raúl Rivara, por haber realizado una compra mediante el mecanismo de "contratación directa" y "pago anticipado" a una empresa del funcionario.

Según la denuncia, el Poder Ejecutivo provincial adjudicó a la firma INDULAR S.A. y Rivara S.A., la provisión de seis millones de kilogramos de harinas de maíz con harina de soja fortificada con vitaminas y minerales, destinados al Plan Más Vida, por un valor total de 7.860.000 pesos. La compra se realizó por el mecanismo de contratación directa y bajo la modalidad de "pago anticipado" a la empresa Cerealera Rivara S.A, de la que el titular del Ministerio de Asuntos Agrarios es uno de sus accionistas, indicaron diputados aristas.

La denuncia y pedido de juicio político fue realizada por los diputados de la provincia de Buenos Aires Sebastián Cinquerrui, Mario Fabris, Mirta Atrip y Horacio Piemonte, así como los diputados nacionales Marta Maffei y Eduardo Macaluse.

"Los vínculos comerciales de Rivara con el Estado provincial son incompatibles con su desempeño como ministro, según precisa el artículo 10 de la Constitución provincial, por lo que al designar a Rivara como ministro, el gobernador habría incurrido en el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal de la Nación, figura genérica del abuso de autoridad", señaló Maffei. Explicó que "hoy denunciamos dos delitos: uno de ellos es la compra directa por parte del Estado provincial cuando ya no rige emergencia que lo permita, sin compulsa de precios y a un precio muy alto, más alto que el precio de góndola de ese producto, que es la harina de maíz, cuando tendrá que estar al menos un 20 por ciento menos".

"El otro delito es que al momento de asumir como ministro, Raúl Rivara tenía una empresa privada que articula con el gobierno provincial, tiene negocios, tiene comercio con la provincia y hay una ley provincial, la 12.856 que establece que no se puede ser ministro de la provincia y tener negocio, directo o indirectamente vinculado con la provincia", sostuvo la legisladora.

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