La Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto que desfederaliza la competencia para delitos menores vinculados con la venta de drogas, que había sido impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo el tema no logró ser sancionado, por cuanto el recinto se quedó sin quórum poco después de la 1 de la madrugada.
La iniciativa -que cuenta con sanción del Senado- es un reclamo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Felipe Solá que considera que esta norma servirá para poder controlar la venta de drogas al menudeo en lugares como kioskos o negocios habilitados en otros rubros.
Se trata del tercer intento que realiza el justicialismo -el primero fue a principios de abril y el segundo a mediados de ese mes- para avanzar en la aprobación del proyecto que modifica la ley de estupefacientes, cuyo tratamiento en la Cámara baja generó fuertes diferencias en los bloques mayoritarios.
El proyecto es rechazado por el radicalismo y los bloques de centroizquierda que habían pedido semanas atrás la vuelta a comisión de la iniciativa reclamada por Solá y el ministro de Seguridad, León Arslanian, quiénes concurrieron varias veces al Congreso para pedir la aprobación de la norma.
De todos modos, y una vez aprobada por los diputados, la iniciativa será girada en revisión al Senado, que deberá aprobar o rechazar las modificaciones realizadas por los diputados.
El encargado de defender la iniciativa fue el diputado por Córdoba, Guillermo Johnson, vicepresidente de la comisión de Legislación Penal, quien sostuvo que la iniciativa "va a redundar en una mejor justicia y contribuirá a ampliar la capacidad de respuesta judicial de 12 juzgados a 73 en la provincia de Buenos Aires".
Johnson explicó que entre los cambios los diputados suprimieron el artículo que entendía que "la reducción de la pena de prisión para casos de entrega de estupefacientes de escasa cantidad se podría convertir en aliciente para la captación de los consumidores".
Desde el radicalismo, la diputada por Jujuy María Teresa Ferrín, titular de la comisión de Prevención de Adicciones, rechazó la norma, al sostener que la iniciativa "va a ponerle un freno" a los procesos y consideró que "no mejora la lucha contra el narcotráfico".
Por su parte, la diputada del ARI, Marcela Rodríguez, advirtió que la norma "va a tener consecuencias graves en política criminal" y dijo que "no va a permitir una mejor lucha contra el narcotráfico sino que va a complejizar los trámites" y tiene "motivaciones oscuras de la provincia para beneficiar a la maldita policía bonaerense".
De aprobarse el proyecto, las justicias provinciales tendrían que hacerse cargo de los delitos menores ligados de una u otra manera al narcotráfico.