La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados formuló una treintena de cargos provisorios por presunto mal desempeño de sus funciones contra el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero, y lo citó para dentro de 15 días para que ejerza su defensa.
La decisión se adoptó en el marco de un plenario que afrontó un duro debate entre el oficialismo y la oposición por la ampliación en seis miembros en la integración de la comisión dispuesta por el presidente de la cámara baja, Eduardo Camaño. De este modo, la investigación abierta hace mas de un año contra el defensor Miguel Angel Romero entró en su recta final y todo hace presumir que cerca de fin de mayo habrá un dictamen de acusatorio de la Comisión de Juicio Político contra este funcionario.
El dictamen aprobado por mayoría y se abstuvieron cinco de los nuevos miembros de la comisión, que fue completada por decisión del titular de la Cámara baja, Eduardo Camaño, tras la presentación de tres pedidos de juicio político contra funcionarios nacionales por el escándalo de las narcovalijas.
Después de más de un mes y medio sin reunirse, y en medio de un tenso clima político, los legisladores aceptaron los planteos realizados en varios expedientes contra Romero, entre los que se destacan los formulados por la frepasista Nilda Garré, el arista Adrián Pérez y el defensor Hilario Lagos.
Las 30 acusaciones contra Romero están distribuidas en ocho apartados y tienen que ver con el "mal desempeño de la función administrativa, designaciones irregulares, mal desempeño de la función pública, abuso de autoridad, omisión de denuncia de delito, falta de idoneidad para el cargo y conducta antidemocrática o contra el orden constitucional". Entre los cargos formulados también se encuentran "haber realizado contrataciones directas sin el correspondiente respaldo de la auditoría interna" y por el "manejo irregular del presupuesto" del organismo.
También los diputados acusaron a Romero "ante publicaciones periodísticas de haberle ofrecido los servicios de la Defensoría General al ex dictador Jorge Rafael Videla" y "haber realizado una investigación sobre el tema desviando fondos".
La votación de la acusación fue precedida por un tenso debate originado en una impugnación a los nuevos miembros de la comisión, que presentó por escrito el ARI y verbalmente, a través del diputado Hernán Damiani, el bloque radical.
El arista Adrián Pérez sostuvo que la decisión de Camaño de nombrar siete integrantes, que se sumarán a los 23 que ya formaban parte del cuerpo, si bien es reglamamentaria "violaría el principio de incolumnidad".
El temor de los opositores es que los nuevos miembros funcionen como un "tapón" para los pedidos de juicio político contra los ministros de Defensa, José Pampuro; del Interior, Aníbal Fernández; y de Planificación, Julio De Vido; todos cuestionados por su desempeño en el escándalo de Southern Winds (SW).
El planteo del legislador se apoyó en una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que una vez iniciadas las investigaciones no se puede modificar el número de integrantes del cuerpo investigador. Además, el radical Damiani y el socialista Héctor Polino consideraron que no se respeta la proporcionalidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
